VENEZUELA:Proceso a la televisión

["Nello Margiotta" <animarg at tin.it>]

Humberto Márquez

CARACAS, 31 ene (IPS) - La crisis política de Venezuela tiene su epicentro
ahora en la investigación iniciada por el gobierno contra la televisión
privada, uno de los soportes principales de la huelga de dos meses contra el
presidente Hugo Chávez.

El Ministerio de Infraestructura lanzó una ofensiva contra tres de las
cuatro mayores cadenas privadas de televisión, a las que acusa de incitar a
la rebelión y al odio, lo cual puede llevar al retiro temporal o indefinido
de los permisos para utilizar las correspondientes frecuencias.

La oposición condenó de modo unánime esa medida del gobierno y convocó este
viernes en la principal autopista de Caracas una concentración de miles de
personas en apoyo a la prensa, radio y televisión, tras la consigna "Con mis
medios no te metas".



Chávez había señalado la semana pasada que las empresas de televisión deben
cumplir "con la Constitución y las leyes o habrá que aplicarles la ley".

Luego agregó en su programa semanal de radio Aló Presidente que, "si no
recuperan la normalidad y usan la concesión para quebrar el país o tumbar el
gobierno, estaría obligado a quitársela".

Las frecuencias de televisión son entregadas en concesión por el Estado por
20 años, prorrogable de modo indefinido, y sus permisionarios están sujetos
a leyes y reglamentos que establecen multas y hasta la suspensión o
cancelación de su uso.

"No creo que el gobierno vaya a cometer la torpeza de cerrar una televisora,
pues sería un atentado a la libertad de expresión", dijo a IPS el director
de la cadena Televen, Carlos Croes, quien fuera ministro de Información del
gobierno de Jaime Lusinchi (1984-1989).

Precisamente Televén, Radio Caracas Televisión y Globovisión son tres de las
cuatro grandes cadenas nacionales que comenzaron a ser investigadas por
supuesta violación de leyes, incitación al odio y la violencia y falta de
respeto a personas e instituciones en mensajes propios y en la propaganda
opositora que divulgan.

Venevisión, propiedad del magnate venezolano de medios de comunicación
Gustavo Cisneros, es la restante cadena que todavía no fue informada de
investigaciones en su contra.

"Se le va a complicar la vida al gobierno si quiere atropellar a los medios,
porque los ojos de la comunidad internacional están sobre Venezuela",
advirtió Cisneros, a quien Chávez le atribuyó ser "el jefe de la
conspiración" en su contra.

Otra investigación del gobierno alcanzó a la Televisora del Táchira, una
emisora regional de la zona andina fronteriza con Colombia, por supuesta
violación a la ley de Protección del Niño y del Adolescente al transmitir "
mensajes cargados de violencia en los horarios reservados para la
programación infantil".

La prohibición de esa clase de mensajes está estipulado en el Reglamento de
Radiocomunicaciones de 1941, una década antes de que llegase la televisión a
Venezuela. Sucesivas normas legales posteriores mantuvieron los controles
sobre la programación de televisión.

En paralelo, legisladores oficialistas presentaron en la Asamblea Nacional
un proyecto de "ley de responsabilidad social de la radio y televisión" o de
contenidos, que prohibe entre otras cosas la publicidad violenta para niños
y crea comités de usuarios de radio y televisión con facultades de
contralor.

Todas las acciones del gobierno de Chávez tienden a neutralizar a la
televisión privada, que reivindica entre 90 y 98 por ciento de la audiencia
del país, y se volcó decididamente a la oposoción.

Las cuatro cadenas nacionales y otras menores reemplazaron desde el comienzo
de la huelga contra el gobierno, el 2 de diciembre, toda la publicidad
comercial por propaganda de la Coordinadora Democrática y otras entidades
opositoras, además de realizar una cobertura parcial de los hechos
políticos.

"Usted es el único responsable de las violaciones a la Constitución, del
desabastecimiento, de la escasez, de la violencia, de financiar los círculos
del terror creados a la sombra de su gobierno", señala uno de esos avisos
que acusan a Chávez de las consecuencias de la huelga.

También divulgan mensajes, sobre imágenes de fuerzas de seguridad
reprimiendo a civiles, donde se interpela a las Fuerzas Armadas: "Señores
jefes militares y oficiales, todos estos hechos son historia. ¿Qué dirás
cuando llegue el momento de que tu hijo te pregunte: 'Papá ¿dónde estabas
tú?".

En esa variada campaña antigubernamental también se exhortó a no pagar "ni
un bolívar (de impuesto) más para la corrupción" --un llamado a una acción
ilegal-- a la par de que apeló a resortes técnicos para presentar un Chávez
contradictorio utilizando como si fuera el presente frases expresadas meses
y años atrás.

Los programas periodísticos también han sido puestos al servicio de la
oposición para sus arengas en favor de la desobediencia tributaria, con
entrevistas exclusivamente a sus líderes y el llamado a otros tipos de
protestas.

Esa andanada de comunicación parcial sólo es respondida por el gobierno
desde el canal de televisión del Estado, tradicionalmente de escasa
audiencia y acusado por la oposición de emitir sólo mensajes a favor de
Chávez.

La emisora estatal también trata de ridiculizar a los dirigentes opositores.

Es el caso de un aviso en el que aparecía el líder empresarial Carlos
Fernández llamando a la población a recibir "el Año Nuevo en la calle",
mientras se lo veía con su pasaporte sellado y pronto a abordar un avión
para pasar esos días con su familia en la vecina isla holandesa de Aruba.

El comienzo de la investigación gubernamental fue recibida con dureza por
los ejecutivos de televisión. "Estamos en presencia de la vocación
autoritaria del régimen", y de una represalia porque los medios privados han
apoyado a la oposición, dijeron.

"Los medios naturalmente son parte del paro (huelga) cívico", afirmó
Fernández, presidente de la principal organización empresarial del país, en
tanto Guillermo Zuluaga, titular de Globovisión, indicó que "lo que hacemos
es cumplir con Venezuela".

En cambio, el director de la estatal Comisión Nacional de
Telecomunicaciones, Jesé Chacón, sostuvo que, "como lo consagra la Carta
Interamericana de Derechos Humanos y el Pacto de Derechos Civiles y
Políticos, todo el mundo tiene derecho a decir lo que quiere, pero debe
asumir responsabilidad por lo que dice".

A su vez, el vicepresidente José Vicente Rangel, periodista hasta acceder al
gobierno, dijo en diálogo con corresponsales extranjeros que "en el mundo
entero los medios están en el banquillo".

Los medios de comunicación "han pasado a ser un poder real en la sociedad y
todo poder requiere control porque si no es una perversión".

Las cámaras de empresarios de radio y televisión denunciaron las
investigaciones en su contra como "agresiones a la libertad de pensamiento,
expresión e información", y llamaron la atención de la comunidad
internacional "ente el proceso de desintegración del sistema democrático
venezolano".

Los empresarios, encabezados por Cisneros, presentaron sus quejas al
secretario general de la Organización de Estados Americanos, César Gaviria,
quien conduce en Caracas una mesa de negociación entre el gobierno y la
oposición, que ha podido avanzar muy poco.

"Este es el inicio de una escalada contra la libertad de expresión", indicó
Alberto Ravell, director de Globovisión, emisora que emite noticias las 24
horas del día y que es percibida por Chávez como ariete de la oposición en
su contra.

A su vez, el director de Radio Caracas TV, Marcel Granier, destacó que, "
mientras se abre una investigación contra las televisoras, no se ha iniciado
ningún procedimiento por las agresiones contra los medios de comunicación y
sus trabajadores".

Más de 100 periodistas han denunciado agresiones en los últimos dos años,
varios han obtenido medidas de protección del sistema interamericano de
derechos humanos y un fotógrafo, Jorge Tortoza, murió baleado en abril de
2002, durante el frustrado golpe de estado contra Chávez

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Nello

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