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LOS CINCO GOBERNADORES PATAGONICOS
ARGENTINOS DEBERAN
RESPONDER SOBRE "FUNDACION
PATAGONIA-USA"...ó acaso quieran tener á bien
averiguarlo los PODERES LEGISLATIVOS??... EL
PUEBLO QUIERE SABER DE QUE SE TRATA!!
----- Original Message -----
Sent: Sunday, July 31, 2005 4:55 PM
Subject: Porque Kirchner no investiga
la privatización de YPF ? difundirlo.....
Porque el Gobierno de Kirchner no investiga la privatización de
YPF ? Cuantos politicos y estructura mafiosas caerian , incluso
él también
04-01-2002
LAS MAFIAS BANQUERAS Y DE LAS
EMPRESAS PRIVATIZADAS
COMO SE OPERO DESDE LA SIDE Y
DESDE EL GOBIERNO PARA REALIZAR EL NEGOCIADO DE LAS PRIVATIZACIONES DE
YPF
Notas :
Anzorreguy.: Nunca utilicé mi cargo
para obtener beneficios económicos”-
Pero también dice “No piensen mal
si, cuando abandone la SIDE, soy el abogado de YPF”.
Hugo Anzorreguy ex Titular de la SIDE ,
habría desviado a través de diferentes mecanismos fondos para Financiar la
Campaña de Jose Maria Aznar.-Ademas de ser Muy amigo de Felipe González y del
propio Aznar
Mac Farlane: Es Yerno de Anzorreguy,
mano derecha en la SIDE y posterior Funcionario de ASTRA, subsidiaria de Repsol-
A su vez lo Indican Amigo de los implicado en el Affeir de los 0600, de Hard
Communication del " Su Llamado"
Alfonso Cortina: Presidente de REPSOL,
a su vez dueño del 10% de las Acciones de BBV- Bilbao Vizacaya, ( Banco
Frances en Arg.), El Banco Bilbao
Vizcaya tiene la curiosa condición de ser a la vez socio de Repsol y asesor del
gobierno argentino. Entre otras tareas encargadas por el Estado, realizó el
estudio utilizado para tasar las acciones de YPF.
Nota Hugo Anzorreguy
esta indicado como los que operaron para tapar el Atentado de Carlitos
Menem Junior .Es el que mando los agentes del SIDE a " Golpear al primer Abogado
de Zulema" y Arrojarlo sobre la Tumba supuesta "de Junior " Cuando
Villafuerte Ruzo Llamo a Zulema a las 3 AM, para evitar que se identifique
que el cadáver que esta enterrado no es "...
Felipe González, Lobbysta de varias
empresa españolas: se dice que "Apretó a Rodriguez Saá, que si Habría
devaluación, las empresas cerrarían..."
Algunos detalles de
YPF:
Antes
de que el Estado se desprendiera de las acciones de YPF, el ejecutivo Roberto Monti
era el
presidente de la empresa. Monti sólo aprobaba la operación a cambio de
dinero en efectivo, y que Menem tuvo que
llamar dos veces para apurar el trámite. Hoy Monti sigue siendo director
de YPF bajo la órbita de Repsol. Se quiso saber más detalles de aquella
operación y de los llamados de Menem.
YPF no sólo impidió comunicarse directamente con Monti, sino que indicó
que para dar una entrevista hacía falta el permiso de la casa matriz. Durante
toda la semana pasada no hubo ninguna respuesta.
La intervención de
funcionarios oficiales, empezando por el propio Menem, es natural si se tiene en
cuenta que el Estado debía vender sus acciones a la empresa privada. Menos
natural fue el método elegido.
Primero, el Estado modificó mediante
resoluciones oficiales la obligatoriedad de vender las acciones en la Bolsa.
Quiso la venta directa y después optó por licitación pública internacional. El
cambio fue producto de las fuertes críticas de unos pocos dirigentes políticos,
entre ellos Raúl Alfonsín, y de la British Petroleum. Curiosamente, y a
pesar de haber sido invitadas varias petroleras, sólo la española participó del
concurso. Llegados al último punto, el de la licitación, los funcionarios
debieran haber guardado silencio en lugar de hacer lobby. Pero hablaron. Y
presionaron.
Así, Repsol adquirió de manos del Estado nacional acciones por
el equivalente del 14,99 por ciento del capital de YPF, comprometiéndose a
abonar 2010 millones de dólares, es decir 38 dólares por cada acción.
El
motivo por el que Repsol adquirió solamente el 14,99 por ciento de las acciones
es que el estatuto de la ex estatal preveía que en el caso de que un oferente
comprara el 15 por ciento debía realizar una oferta por el 100 por ciento de la
compañía.
Antes el ex ministro de Obras Públicas Roberto Dromi había
intentado modificar los estatutos de YPF para evitar que Repsol tuviera que
hacer una oferta por el total de las acciones. La idea, que no prosperó, era
controlar la empresa comprando una cantidad de acciones menor al 100 por
ciento.
Dromi fue
recomendado a la empresa española por el presidente Menem.
Ex ministro de
Obras Públicas, tiene con los empresarios españoles tan buenos lazos como
Anzorreguy. Hasta estuvo a punto de ser designado embajador en Madrid,
pero las acusaciones públicas en su contra por el proceso de privatizaciones y
peajes disuadieron a Felipe González de pagar el costo de concederle
placet.
Tras el fracaso del intento de Dromi, el ex ministro quedó al costado
y el Gobierno probó el segundo paso: que Repsol pudiera comprar la totalidad de
la empresa pero sin desembolsar efectivo.
Gustavo Calleja, ex subsecretario
de Combustibles, explicó a Página/12 que “el negocio más grande era aceptar que
Repsol pagara su oferta con papeles o acciones de otras empresas controladas.
Esta propuesta no pudo llevarse adelante, ya que los accionistas representantes
de los fondos de inversión de Estados Unidos se opusieron”.
Monti era la cara
de esos grupos.
Las presiones sufridas por el directorio de
YPF para aceptar que Repsol comprara el total de las acciones pagando con
títulos de otras empresas, fueron más que evidentes. En la asamblea anual de YPF
realizada en abril de este año, el Estado nacional coincidió con Repsol y
accionistas menores como Pérez Companc en desaprobar la gestión del directorio,
que seguía reclamando a la empresa española el pago en efectivo de su
oferta.
Al final, Repsol tuvo que pagar 13.000 millones de dólares por
las acciones y así realizó la mayor operación de ese tipo en la historia
argentina.
El gobierno español siguió de cerca el proceso de fusión de Repsol
con YPF. Y Anzorreguy volvió a visitar España. La última vez, la explicación
oficial fue que debía realizar gestiones para favorecer el intento de que la
Argentina fuera aceptada en la OTAN. Hay otra explicación más, esta última
oficiosa: el jefe de la SIDE se despidió de sus agentes en España.
César
Neira, delegado de los espías argentinos en Madrid, es un hombre de extrema
confianza de Anzorreguy. Al igual que el Señor 5, tiene una sólida llegada al
presidente de Repsol y al jefe del gobierno español. Neira, dueño del
restaurante madrileño “El locro”, también puede ser visto habitualmente en la
confitería porteña “Tabac”. Es que luego de la última visita de Anzorreguy a
España, el periplo Buenos Aires-Madrid se hizo más frecuente para este agente
que viaja cada quince días a la Argentina con su pasaporte diplomático. ( del
diario pagina 12 )
LOS ARGENTINOS PAGAMOS LA CAMPAÑA
DE AZNAR: ( Foto pagina 12)
Es conocido en el Ambiente que La SIDE financió desde
sus fondos reservados la Campaña de AZNAR, y por consiguiente , parece que
esto fue parte de un negocio mayor , el de YPF, Cuyo jefe de operaciones fue
nada menos que Carlos Menem.-
Por supuesto esto fue negado, no obstante hay
abundante información, lo mismo que el Propio Menem apoyó la desiganción
de Dromi , ni que hablar de Aerolineas Argentinas:
INTELIGENCIA FINANCIO A
AZNAR - El ex subjefe de la Secretaría de Informaciones del
Estado (SIDE) y de la Central Nacional de Inteligencia (CNI) de Argentina,
Ricardo Natale, informó que uno de ambos organismos financió durante 1996, con
sus fondos reservados, la carrera política y electoral del actual presidente
español, José María Aznar. En declaraciones radiales, identificó además a dos
diplomáticos y a un funcionario que "podrían haber participado en la operación".
Uno de los nexos entre el mandatario argentino, Carlos Menem, y el español sería
el magnate cubano exiliado en Miami, Jorge Mas Canosa, promotor de las más
radicales posturas anticastristas. Según Natale, ambas administraciones
coinciden "con una política de centroderecha y liberal con coincidencias en el
plano internacional, caso Cuba, entre otros". La denuncia, que causó un gran
impacto en España, fue inmediatamente desmentida por las cancillerías de los dos
países involucrados. Natale, que actuó en la dirección del espionaje argentino
entre 1986 y 1989, no pudo precisar el monto que se habría donado al Partido
Popular.
De nuestro informe del
29-12-01H
DUHALDE le habría ofrecido a HUGO
ANZORREGUY la embajada Argentina en España, atendiendo a sus vínculos con
Repsol ver la vieja Side pagó la
campaña de Aznar y vinculos con Repsol ( ¿Siguen los pactos con el menemismo
o debemos hablar de Juarez y Cali-La Rioja, Flia Pinochet, y el cruce o la
DEA...?)
«La
Side en la época dirigida por Hugo Anzorreguy, amigo personal de
Natale] facilitó fondos reservados para las campañas del actual presidente de
España, José María Aznar, debido, entre otras cosas, a que no hay control de
esos fondos», denunció el ex subjefe de la Side de 1983 a 1986 y vicepresidente
de la Central Nacional de Inteligencia argentina entre 1986 y
1989.
El ex
subsecretario hizo ayer la revelación a este periódico y prometió entregar en
breve «el nombre de dos o tres funcionarios que intervinieron en la
operación».
Las
acusaciones contra éste fueron vertidas por Ricardo Natale, uno de los máximos
responsables de la SIDE entre 1983 y 1986, que identificó a dos funcionarios de
la embajada argentina en Madrid y a otro funcionario de la SIDE como los
supuestos encargados de trasladar desde Buenos Aires a Madrid los fondos
reservados del servicio de espionaje argentino presuntamente empleado para
financiar las últimas campañas del PP.
Sabemos que el Gobierno Argentino estaría
siendo presionado por los bancos y las empresas Privatizadas , principales
operadores que se oponen a la devaluación, o en el mejor de los casos acotadas,
ya que sus valores reales caerían muchísimo. ( Al pesificar las tarifas y
contratos con los bancos ). Por esto creemos una fuerte movida para
desestabilizar a Duhalde
No es casualidad que esto sea así , se dice que
desde un Sector del PJ y de desde los banqueros se planeo la caída de Rodríguez
Saá.
Por ejemplo ver esta nota sobre los bancos
MALDITOS BANQUEROS :El apriete local de los
banquero
Aquí se detalla como se habría operado para Bajar a
Rodriguez Saá . Esto mismo se oberva en las denuncias Judiciales y
demas:
Vemos :
| ¿BANCO Y PRIVATIZADAS
GOLPISTAS ?: Los bancos debitan los
cheques, pero no los acreditan.Y cobrán descubiertos hasta el
90%-
Además no cobran las Tarjetas los
cuyos vencimientos no sean del día de hoy y se niegan a cobrar
vencimientos de otros días en pesos . Es esto una presion al gobierno para que
acepten sus medidas ? como por ejemplo NO PESIFICAR LOS CREDITOS
-Provocarian que mañana se levante la gente en
cacerolazos?-
Por qué EE.UU no apoya al
Gobierno Argentino? Por qué no trascendio la carta de
EE.UU?
- PELEAS: El gobierno quiere pesificar, mientras que las empresas
privatizadas y bancos quieren extender los plazos de pago a los deudores
sin modificar el cambio por la devaluación . Se pesifican las tarifas
públicas. El FMI daría 16 mil millones.
- Según la Agencia Bloomberg, las
empresas españolas perderían más de US$ 3.000 millones con la
devaluación del peso- (Aqui se comprende bien las operaciones
)
La UE Apoya la gestión de Duhalde- De
EE.UU, llegó una carta que no trascendió el contenido-
En Uruguay No aceptan las tarjetas Visa
Y Master
- *Avivados
I: La gente no puede pagar los vencimientos de
la tarjetas en pesos, que "no que venzan hoy" de esta forma especulan
con cobrarlos en dólares mas adelante ...
- *Avivados
II: Los bancos debitan los cheques,
pero no los acreditan cobran descubiertos hasta el 90%-Es esto un
presión al gobierno para que acepten sus medidas ?
- *Avivados
III: se registran
Fuertes aumentos en todos los productos que llegan al 50%. Recomiendan
no compar salvo lo esrictamete necesario para obligar al descenso de
precios.
- *Avivados
IV : Hay
Desabastecimiento de Medicamentos y " escondidas de mercaderia en
gral"
|
FALLO CONTRA EL CORRALITO:
del Juez Silva Garetón sigue vigente y la gente puede sacar su dinero de los
bancos (Los privados estan devolviendo el dinero) .Sugieren remitirse a la
defensoria del Pueblo para asesoramiento.... ¿Es Así?
Podemos abundar en detalles,
por ejemplo de "los supuestos " Affairs de la empresa Telecom con la
SIDE.
O como las Empresas
telefónicas "Coimean a Funcionarios de la CNC" para que no salgan los reclamos.
De la Falta de control del los Medidores. Es decir , nadie controla la duración
de los tiempos de medición de los y teléfonos.-
Los ENTES reguladores solo
actúan en algunos casos donde la gente con su presión los obliga a
actuar.-
Es decir , las empresa se
enriquecieron, se llevaron todo el dinero de Argentina, los funcionarios que la
corte los dejo Libre fueron los responsables del vaciamiento.
Son los mismo grupos que
controlan a al política Argentina y la Financian . Son los mismo que bajaron a
R. Saá, mas allá de los impresentables y corruptos políticos que lo
rodeaban.
Son los mismos que Quieren
bajar o acotar la devaluación y que la misma , no se pesifique , y sólo se
extiendan los plazos , o que el estado ( es decir el pueblo), les compense las
devaluaciones.
Son los mismo Bancos y
empresas que hacen lo que se le da la gana en las operaciones. Son las Que
estan Fabricando la Caida de Duhalde .
¿Por
qué Razón cuando se consolidan los balances los bancos extranjeros se llevan las
ganancias de Argentina, por que no responden con los depósitos la casa Central
?No hay autoridad que los haga cumplir o de esto no se debe enterar la gente .
¿Que la casa central debe responder por su sucursal local cuando esta en
problemas, la consolidación de balances en en un solo sentido -de salida de
divisas?
Esto es: Las casas centrales
deberían girar depósitos para compensar la falta de Fondo de sus sucursales.
pero parece que no son Subsidiaria, sino que Simplemente prestaron el Nombre. (
“)
Es
decir : La sucursal del Citibank no puede responder, porque , la casa
Central , no tiene relación y no Gira los fondos para compensar??-Es así hasta donde llega el poder de esta
Mafia?
Porque no hacen Cumpliera
esto: Salvo los bancos Estatales y el Galicia , los demás tienen sucursales en
el exterior que pueden responder , porque no lo hacen?
Lo que
viene:
Se buscará meter la
dolarización luego de esta devaluación
Como se observara, estan
tratando de parar la disparada de precios , y de las operaciones para bajar al
Gobierno, apoyando en el descontento popular y en el Abuso de la
Gente.
Se debe tener en cuenta
que " Los Bancos Y privatizadas están operando para desestabilizar o
imponer sus condiciones" como lo hicieron con De la Rua y
ahora con Duhalde .-
Es demasiado el Dinero que
esta en juego. Ni hablar de los multimedios.
Recuerdan el rebalanceo
Telefonico que Menem metió antes de las elecciones. Recuerda que las Naftas son
4 veces mas caras que en EE.UU
Usted sabe que la devaluación
que piden sólo debe ser de $1,40 que se compensaria las ganacias de las
privatizadas.
Saben que Los balances “ de
muchas empresas” son truchos para no Pagar impuesto a la Ganancias
Saben que
Ruckauf hizo Condonar deudas por u$s 800 a los amigos : ( RECOMENDAMOS MUY ESPECIALMENTE ESTE
INFORME: http://www.seprin.com/bapro.htm
)
|
coviares |
$140.000.000
|
|
Concesionaria Vial Argentino Española
|
$127.000.000
|
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Gualtieri |
$105.000.000
|
|
Show center |
$94.000.000
|
|
Covisur |
$89.000.000
|
|
La rural
|
$65.000.000
|
|
Telefónica |
$65.000.000
|
|
Tren de la Costa
|
$55.000.000
|
|
Alto Palermo |
$41.000.000
|
|
Curtiembres Yoma
|
$20.000.000
|
|
Total |
$801.000.000
|
Y lo mas Interesante , se invirtió,
algunos piensan coimas.... 70 millones de dólares en el Portal de Ciudad
Internet del GRUPO CLARIN No esperan días Difíciles, y hoy viernes Puede Comenzar
Uno.-
A propósito, usted le cree a las empresas privatizadas:
Bueno, siempre le dicen que las comunicaicones son seguras?, nosotros le decimos
que no : Aqui tiene los códigos que usan los espias para interferir
celulares , por supuesto usted no lo haga , y menos como algunos en el
Congreso de la Nación... http://www.seprin.com/escuchas1.htm
TEMAS RELACIONADOS
:
Banco
Francés tiene su sede principal en la Ciudad de Buenos
Aires y opera, al 31 de diciembre de 2000, una red de 309 sucursales, sin
incluir las oficinas de subsidiarias. Asimismo, a través de Credilogros Compañía
Financiera S.A., subsidiaria de Banco Francés, otorga préstamos al segmento de
consumo de bajos ingresos. Adicionalmente, Banco
Francés ofrece sus servicios financieros en Uruguay y en las Islas Cayman a
través de sus subsidiarias BBVA Uruguay y Banco Francés (Cayman)
Ltd. El Banco lleva a cabo operaciones de títulos valores y de mercado de
capitales en forma directa en el mercado extrabursátil y a través de una
subsidiaria, Francés Valores Sociedad de Bolsa S.A., en el Mercado de Valores de
Buenos Aires. Banco Francés tiene un 14,4% de participación de mercado en la
administración de fondos mutuos en Argentina a través de Francés Administradora
de Inversiones S.A., subsidiaria de Banco Francés (Cayman) Ltd. Otras
subsidiarias están dedicadas a una variada gama de negocios financieros, entre
estas, la más importante es Consolidar AFJP S.A., una administradora de fondos
de jubilaciones y pensiones, que al 31 de diciembre de 2000 administraba un
fondo de Ps. 4.000 millones, con una participación de mercado de 18,9%. Banco
Francés es titular del 53,89% del capital social de Consolidar AFJP S.A.
|
Lunes, 20 de octubre de 1997 |
|
Un ex jefe del espionaje argentino afirma que
este organismo financió a Aznar
Bajo la dirección de Hugo
Anzorreguy
JUAN IGNACIO
IRIGARAY
CORRESPONSAL
BUENOS
AIRES.- Ricardo Natale, ex subjefe de la Secretaría de Informaciones del Estado
(Side, el equivalente argentino del Cesid) asegura que José María Aznar recibió
dinero de esta institución para financiar su carrera política, según pudo saber
ayer EL MUNDO.
«La Side [actualmente dirigida por Hugo
Anzorreguy, amigo personal de Natale] facilitó fondos reservados para las
campañas del actual presidente de España, José María Aznar, debido, entre otras
cosas, a que no hay control de esos fondos», denunció el ex subjefe de la Side
de 1983 a 1986 y vicepresidente de la Central Nacional de Inteligencia argentina
entre 1986 y 1989.
El ex subsecretario hizo ayer la revelación a
este periódico y prometió entregar en breve «el nombre de dos o tres
funcionarios que intervinieron en la operación». El diario bonaerense Página 12
también da cuenta de estos hechos.
Días atrás, Anzorreguy visitó Madrid de forma
reservada para insistir ante las autoridades españolas en el rechazo del
Gobierno neoconservador de Carlos Menem al juicio que sustancia Baltasar Garzón
contra los militares argentinos.
ANTERIORES ENCUENTROS.- Su presencia en la
Península coincidió con el cambio de posición del fiscal de la Audiencia
Nacional Pedro Rubira, quien, por primera vez, hizo una presentación señalando
que Garzón carece de jurisdicción para enjuiciar a los represores argentinos,
acusados de la desaparición de al menos 330 españoles en el país
suramericano.
Esta no ha sido la primera vez que Aznar y
Anzorreguy se encontraron. Ambos mantienen una relación de amistad desde la
época en que el dirigente del PP encabezaba la oposición a Felipe González, que
nunca se llevó bien con Menem y los peronistas argentinos, vinculados de siempre
con Franco y la derecha española.
Inclusive, durante una reunión en La Moncloa,
Aznar y Ana Botella posaron en una foto con el visitante argentino, que por su
rango de secretario de Estado no suele visitar a presidentes. A los pocos días
esa foto privada apareció publicada en un diario de Buenos Aires.
Anzorreguy maneja en la Side la friolera de 189
millones de pesos (unos 30.000 millones de pesetas) al año en fondos reservados,
es decir, sin ningún tipo de control fiscal o parlamentario, ni rendición de
cuentas a ningún organismo de supervisión, según reconoce el propio Ministerio
de Economía.
Porque el
Gobierno de Kirchner no investiga la privatización de YPF? Cuantos
politicos y estructura mafiosas
caerian
----- Original Message -----
Sent: Saturday, July 30, 2005 10:26 PM
Subject: YPF: acción de
oro-derecho publico II Leer y difundir y sacar
conclusiones.
YPF: acción de
oro-derecho público II
Por: Mariano Ramírez, Profesor Emérito, Facultad de
Derecho, Universidad de Mendoza
·························································································································································
Esta facultad le permite al Estado, entre otras
atribuciones, pedir explicaciones si se indexan los precios y designar
funcionarios que defiendan sus intereses.La acción de oro, a la que hice
referencia en una nota publicada en este diario el 3/03/2005, tiene como
único titular al Estado nacional, como bien lo sostiene el doctor Gustavo
Calleja (ex secretario de Combustibles de la Nación) en su trabajo
“Repsol, la acción de oro de YPF, España y Argentina, dos conductas”, al
señalar que “en Argentina, Repsol es poseedora del 99% del capital de YPF
SA, pero el 1% restante pertenece a diversos pequeños accionistas, dentro
de los que se cuenta el Estado nacional con 1.000 acciones, equivalentes
al 0,02% del mismo. YPF SA es una SA especial, creada por la Ley de
Privatización de YPF Nº 24.145, con una participación minoritaria del
Estado”, representada a fines de 1999, por la acción de oro. “La acción de
oro, es pues, institucional e intransferible, ya que no forma parte del
activo transferible de YPF y de haberse cumplido con la razón de ser y su
finalidad, para controlar que los objetivos tenidos en cuenta para su
privatización se cumplieran y debió emplearse, no se hubieran producido
las graves consecuencias que conocemos” (“¿Crisis energética en
Argentina?”, De Dicco, página 16). En concreto, la acción de oro (golden
share) es una facultad propia del Estado, que lo faculta y le da el
derecho de controlar, y accionar en su caso, la privatización de servicios
públicos, a fin de que el adquirente cumpla con los objetivos tenidos en
cuenta por el Estado transferente, para que se lleven adelante y se
respeten los derechos acordados al pueblo de la Nación, por los artículos
42, 14 bis, 27, 28 de la Constitución nacional, sin perjuicio de los que
preveen su control y vigilancia por intermedio de la Auditoría General de
la Nación y de los organismos creados por las leyes de Defensa de la
Competencia y del Consumidor (artículos 85 y 86), sin perjuicio de las
demás atribuciones acordadas al Congreso de la Nación en su artículo 75,
al Poder Ejecutivo en el Capítulo XIII, artículo 99 y ccdtes, al Poder
Judicial por vía de apelación con la reserva establecida en el artículo75
inciso 12, y las atribuidas al jefe de Gabinete y demás ministros en el
Capítulo IV (artículo 100 y ccdtes) El doctor Calleja (trabajo citado)
finaliza ratificando que “la acción de oro es la potestad que han
conservado algunos Estados, en ciertas sociedades privatizadas
–especialmente las petroleras y prestadoras de servicios públicos
esenciales– consistente en la participación obligatoria y aceptativa en
determinadas e importantes decisiones empresariales, y así es que la Ley
24.145 y su modificatoria Nº 24.474 (artículo 1, apéndice 8) establecen
que ‘mientras el Estado nacional conserve al menos una (1) acción de la
clase A, se requerirá ineludiblemente su voto afirmativo para: 1) decidir
su fusión con otras sociedades; 2) aceptar que YPF SA sufriera una
situación de copamiento accionario consentido u hostil que represente la
posesión del 51% del capital social; 3) transferir a terceros la totalidad
de los derechos de explotación concedidos en el marco de la Ley 17.319 de
modo que ello determine el cese total de la actividad exploratoria y de
explotación de YPF SA; 4) la disolución voluntaria de YPF SA. Para tomar
las decisiones referidas en los incisos 3 y 4 se requerirá además el voto
afirmativo de las acciones clase A, la previa aprobación por ley’”. La
prueba es que, desde el inicio de la privatización de YPF, el Estado
designó un director y un síndico con sus respectivos suplentes, siendo los
síndicos propuestos por la SIGEN, pero no se conocen casos donde los
representantes del Estado hayan planteado, en las reuniones del directorio
de YPF SA o en las asambleas, discrepancias con medidas violatorias de las
leyes de la Nación, como por ejemplo con la indexación del precio de los
combustibles, según las variaciones del precio internacional, expresamente
prohibidas por las leyes de Convertibilidad y Emergencia Pública vigentes,
ni tampoco impugnación alguna a las obligaciones impuestas en los pliegos
de las correspondientes licitaciones, o sobre la prórroga de la concesión
del yacimiento Loma de la Lata, con 17 años de anticipación, o por el uso
comercial e industrial por la sociedad adquirente, Repsol, de la sigla YPF
(Yacimientos Petrolíferos Fiscales), que por cierto no puede confundirse
con un nombre comercial.
Considero que es legítimo que los
organismos estatales correspondientes se informen sobre el particular y
procedan como corresponda. Como el Estado nacional, al día de la fecha,
todavía continúa siendo propietario de la acción de oro de YPF SA, y ello
le permite designar en esta petrolera a funcionarios que representan al
PEN con cargos de director, síndicos, para defenderlo. Sin embargo, las
facultades especiales que le otorga al Estado nacional a esa acción de
oro, no han sido aplicadas por los directores nombrados en cada gobierno
de turno entre 1999 y 2004, faltando así a su obligación pública y
profesional, de la que deberán rendir cuenta, ya que está de por medio el
patrimonio nacional. Así lo recuerda el doctor Calleja, cuando en el
trabajo precitado, señala sobre el tema que “hace dos meses volvieron a
cambiar los directores (falta designar al suplente y a los síndicos). El
director titular se llama Ernesto Dardis, el síndico titular es Carlos
Vidal y Javier Siñeriz el suplente, etcétera”. Esas facultades , cuyo
cumplimiento no se exigieron, le permitían al Estado nacional nada menos
que: 1) pedir explicaciones a YPF SA de por qué se indexan los precios de
los combustibles cuando se viola la Ley de Emergencia Nacional (Ley
25.561); 2) analizar los balances y pedir rendición de cuenta de los
impuestos (35% de impuesto a las ganancias, 12% de regalías, 21% de
impuesto al valor agregado y menos del 2% de ingresos brutos, no se
perciben ingresos brutos por exportación); 3) controlar en dónde y cuánto
se invierte por cada una de las cuencas sedimentarias del país, pues se
está evadiendo un porcentaje significativo de las regalías provinciales,
porque tanto el Estado nacional como las provincias desconocen cuánto es
lo que se extrae, se desperdicia y se contamina; 4) en relación a las
exportaciones, exigir a las empresas que respeten las obligaciones
impuestas por las leyes (17.319 y 24.076) ya que primero deben
satisfacerse las necesidades energéticas del mercado interno y únicamente
exportar el excedente de producción; 5) revisar todos los contratos
firmados en calidad de concesiones de explotación y permisos de
exploración de yacimientos hidrocarburíferos (petróleo y gas natural), ya
que la gran mayoría son violatorios de la Ley Nº 17.319. Concluyendo, los
años transcurridos y la experiencia recogida han demostrado que en
realidad, el fin político que se tenía en vista, y que constituía el
verdadero objetivo político-económico de la Ley 24.145 y sus precedentes
23.696 y 23.697, de refederalizar el dominio del petróleo, y de la
Transformación y Privatización de YPF, no eran sino los instrumentos
legales previos, que permitirían al PEN, mantener y manejar a su
conveniencia el dominio del petróleo existente en las áreas “probadas”,
mediante la entrega de todas las existentes y en explotación, en esa
época, en cabeza de YPF, a empresas privadas, utilizando la transformación
de YPF en una sociedad anónima, regida por la Ley de Sociedades 19.551, y
la subsiguiente adjudicación a empresas privadas transnacionales en
licitaciones públicas, en violación de normas legales expresas, y en
absoluto perjuicio de los derechos de dominio de las provincias sobre
importantes yacimientos, todos ellos ubicados en zonas probadas, en las
que no se les dio participación alguna, las que perdieron así todos los
beneficios propios de la desregulación de la industria, incluso, por
ejemplo, el de permitirles intervenir en la fijación del precio del
petróleo, no sólo en su posterior venta como combustible, sino también en
su incidencia con el derecho de regalía, y otras contribuciones, además,
la determinación de las “reservas” de cada yacimiento y su importancia en
las futuras concesiones, todos determinantes de la distribución
equilibrada de la colosal renta petrolera, que en definitiva es un factor
inescindible en la política destinada al bienestar de la ciudadanía
nacional.
----- Original Message -----
Sent: Sunday, July 31, 2005 10:23 AM
Subject: No perdamos la
memoria ...
Difundirlo
| La entrega del patrimonio nacional:
Ya a fines de 1987, había sido
presentado un proyecto de ley de privatizaciones firmado por Alfonsin, mientras
que Rodolfo Terragno (al frente del Ministerio de Obras y Servicios Públicos)
comenzó a negociar la venta parcial de las compañías de teléfono y de aviación.
La "Ley de Reforma del Estado", ordenada por Menem en 1990
y votada por sus
legisladores obsecuentes, dio el marco legal que los grupos económicos, la banca
extranjera y las empresas estatales europeas necesitaban para apoderarse del
patrimonio de todos los argentinos.
Para los consorcios
locales, las áreas más rentables de propiedad pública representaron una nueva
esfera de negocios en la cual actuar y de la cual extraer cuantiosos beneficios.
Resulta conveniente resaltar la estrategia de los grupos económicos locales,
consistente en consolidar sus posiciones participando del desguace del sector
público. Además, tanto la transferencia de la vieja deuda externa privada al
Estado como la privatización de las empresas públicas con sus activos pero sin
sus pasivos (el Estado se hizo cargo de las deudas que hasta entonces tenían las
empresas privatizadas), permitió a los grupos económicos locales y a sus nuevas
empresas estar totalmente saneados y listos para endeudarse otra vez. De esta
manera, se inició otro ciclo de endeudamiento externo liderado por el capital
concentrado privado, y nuevamente a expensas de toda la sociedad.
Para la
banca extranjera, la repartija del Estado argentino mediante el programa de
conversión de deuda externa en activos públicos, constituyó un recupero efectivo
de capital. De hecho, la institucionalización de los programas de capitalización
de la deuda externa mediante el lanzamiento del Plan Baker en 1985 estuvo
destinada a lograr que los países endeudados saldaran el pago no sólo de los
intereses de la deuda externa sino también del capital adeudado mediante el
rescate de los bonos emitidos anteriormente. En síntesis: podemos decir que para
los grandes conglomerados locales y extranjeros, las privatizaciones implicaron
la posibilidad cierta de acceder al control de importantes activos y de mercados
monopólicos u oligopólicos preservados de la competencia externa.
Para el
pueblo argentino, la entrega de las empresas públicas significó un deterioro en
la participación del ingreso. Dicho deterioro se asentó en la expansión de la
desocupación y en que los sectores populares son los afectados crecientemente
por la política impositiva en tanto los ingresos del Estado se recuestan cada
vez más sobre los impuestos al consumo, los más regresivos socialmente. El
proceso de privatizaciones también tuvo importancia en la expulsión de mano de
obra, ya que la misma alcanzó niveles inéditos en la administración pública y en
las empresas estatales.
Para las finanzas argentinas, el modelo privatista
también significó un serio perjuicio, ya que consolidó una mayor fuga de
capitales debido a la remisión de utilidades al exterior y un mayor
endeudamiento externo, estatal y privado, con los bancos y organismos
extranjeros. Cabe destacar que los capitales que entraron con las
privatizaciones volvieron a irse con el pago de la deuda externa (que siguió
incrementándose desde 1989 hasta 1993 en 18.000 millones de dólares) y con la
remisión de utilidades y dividendos al exterior una vez privatizados los
servicios. Asimismo, la privatización de los activos de las empresas públicas,
pero no de sus pasivos, hizo que la deuda interna y externa de las mismas pasara
a engrosar los pasivos públicos sin contar ahora con la posibilidad de tener los
ingresos de las empresas superavitarias (como YPF) para saldarlas al menos en
parte.
Para el desarrollo del país, el modelo privatista implicó un serio
obstáculo ya que en el marco del mismo se dio un neto predominio del sector
servicios, desplazando a la producción industrial y tecnológica. De la misma
manera, el predominio de los servicios en esta etapa tuvo consecuencias
negativas en términos de formación de capital, lo que significó una escasa
inversión en los sectores productores de bienes potencialmente exportadores,
pero además de esto, el propio nivel de la inversión comprometido por los
prestadores privados de los servicios públicos se ubicó muy por debajo de los
niveles históricos, incluso por debajo de la inversión estatal en esos mismos
servicios durante la peor etapa (la década de 1980).
Además de lo dicho
hasta aquí, cabe destacar que la privatización de las empresas públicas provocó
profundas distorsiones estructurales en la Argentina, fundamentalmente en lo que
hace a la redistribución de ingresos y a la concentración de poder. El traspaso
a un reducido núcleo de grupos empresarios y operadores extranjeros de las
empresas del Estado que hasta 1989 (antes del proceso privatizador) aportaban el
8,9% del PBI (Producto Bruto Interno) y el 29,3% de la Inversión Bruta fija,
tuvo serias implicancias en cuanto a la conformación de la estructura económica
y social del país, con respecto a la consolidación de un nuevo bloque dominante
interno y en relación a la incidencia de su estrategia empresarial en el
funcionamiento del país.
Las privatizaciones aumentaron la concentración y
la centralización económica porque consolidaron la presencia estructural de los
grandes grupos económicos que durante la dictadura `76-`83 pasaron a ocupar un
lugar central en el proceso económico. Al mismo tiempo, cabe destacar que
acentuaron la tendencia a la asociación entre esos grandes grupos económicos
locales con las firmas extranjeras, la cual se inició a mediados de la década de
1970.
No fue el interés público de la sociedad sino las conveniencias de los
capitalistas particulares las que determinaron todo el proceso de las
privatizaciones. El programa fue concebido por y para los grupos económicos, las
multinacionales extranjeras y los bancos acreedores, que se asociaron con
algunos Estados nacionales europeos, todos ellos interesados tanto en esta
provechosa transferencia como en la influencia política que supuso tal
penetración económica.
La rapidez fue lo que más caracterizó al proceso de
entrega de las empresas públicas en la Argentina. Entre 1990 y 1991, se
privatizaron las empresas de telecomunicaciones, de aeronavegación, tenencias
accionarias en la industria petroquímica, áreas centrales y secundarias de
explotación petrolífera, más de un tercio de la red local de carreteras y el
ramal ferroviario Rosario-Bahía Blanca. Entre 1992 y 1993, se privatizó el
transporte y la distribución de agua, de gas natural y de energía eléctrica;
también se entregaron en ese período diversos elevadores portuarios, las dos
empresas siderúrgicas integradas (Somisa y Altos Hornos Zapla); se profundizaron
los procesos ya iniciados en materia de explotación petrolífera de áreas
centrales y secundarias; se privatizaron refinerías, oleoductos, destilerías,
flota y otros activos de la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales y una
parte de la propia Y.P.F.; ramales ferroviarios y líneas de subterráneos, la red
caminera y de accesos metropolitanos, tenencias accionarias de empresas
industriales, algunas empresas del área de defensa y otros entes; el Hipódromo,
el Mercado de Hacienda de Liniers y más de 800 inmuebles del sector público. A
todo esto se agregó más tarde la entrega de los aeropuertos, el correo, la
central termoeléctrica Piedra Buena, las usinas eléctricas de Mar del Plata y
Necochea, y hasta las propias centrales nucleares.
A pesar de todo, en mayo
de 1997 todavía quedaban cosas por repartirse: diez grupos empresarios se
peleaban en ese entonces por el negocio de la basura de la ciudad de Buenos
Aires (200 millones de dólares en juego).
Las empresas del Estado fueron
creadas y desarrolladas a partir del trabajo, del esfuerzo y del patriotismo de
varias generaciones de argentinos, conducidos por el General Mosconi, por
Hipólito Yrigoyen y por Juan Domingo Perón; cuando tuvieron administraciones
honestas y patriotas no generaron déficit económico sino que dieron ganancia y,
además, cumplieron con una función mucho más importante aún que es la de
contribuir al desarrollo y a la defensa del país. Después, vino la
contra-revolución, y esas empresas cayeron en las manos de los personeros
inescrupulosos y traidores que se apoderaron del Estado.
El pretexto para
entregar el patrimonio de todos los argentinos fue que, supuestamente, dichas
empresas eran "ineficientes" y "deficitarias"; la realidad, en cambio, se
encargaba de demostrar lo contrario.
Aerolíneas Argentinas (AA) había tenido
en los últimos tres ejercicios un superávit operativo de 90 millones de dólares;
facturaba más de 700 millones de dólares por año; su deuda externa (868 millones
de dólares incluyendo los intereses vencidos) era inferior a la de varios
candidatos a adquirirla (American Airlines, 3611 millones; Varig, 1469 millones;
Iberia, 1043 millones).
Aerolíneas tenía el 66% del tráfico de cabotaje
(servía a 41 ciudades argentinas, con setecientos vuelos semanales que en
temporada alta llegaban a mil), el 45% del sudamericano y el 38% de los vuelos a
Europa (esto incluía siete frecuencias semanales, con llegadas a Madrid, Roma,
París, Zurich, Frankfurt, Londres y Amsterdam), además de once a Estados Unidos
(que cubrían Los Angeles, Miami y Nueva York).
La empresa contaba en ese
entonces con 29 aviones; cada Boeing 707 costaba, a precio de mercado, entre 55
y 60 millones de dólares.
Todo esto implica no sólo que la empresa era
eficiente y daba ganancia, sino que además tenía un enorme capital en aeronaves,
en rutas aéreas y en clientes (lo que se conoce como "fondo de comercio"). Cabe
destacar, justamente, que lo más importante a nivel internacional no son las
aeronaves que posee una línea comercial sino las rutas que controla, porque de
ello deriva el potencial de su explotación.
Para apoderarse de Aerolíneas,
Iberia y sus socios locales recurrieron a trucos de prestidigitación (algo
similar al juego del carozo y las tres cáscaras de nuez: "nada por aquí, nada
por allá"): con la colaboración del gobierno traidor, firmaron un contrato donde
la empresa pasaba a sus manos debiéndola pagar con posterioridad a la fecha de
entrega. El lapso de tiempo fue suficiente para que procedieran a realizar la
maniobra que necesitaban: vendieron dos o tres aeronaves y con la ganancia que
obtuvieron hicieron el primer pago, cumpliendo los posteriores con la propia
explotación de la aerolínea. Esto significa que se apoderaron de la empresa sin
necesidad de poner un sólo centavo: en esos términos, cualquiera de nosotros
también puede convertirse en propietario de una línea aérea de varios cientos de
millones de dólares. Sólo se necesita la complicidad de un mandatario
vende-Patria y un poco de magia.
Una fuente del gobierno norteamericano manifestó que
la entrega de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL) se obtuvo
mediante un soborno de cientos de millones de dólares.
Lo primero que hizo
Menem para hacerla posible fue nombrar a la anti-peronista María Julia Alsogaray
como flamante "interventora" de la empresa. A ella le dieron "rienda suelta"
para hacer lo que considerara necesario, y de hecho se comportó como si ENTEL
fuera una de sus tantas propiedades familiares.
Al momento de designarla, al
mandatario no le preocupó que su funcionaria fuera miembro integrante de la
"Sociedad Licenciataria Norte S.A.", una de las cuatro sociedades anónimas
creadas para recibir los bienes de la dividida ENTEL y encargadas de su traspaso
a los licenciatarios.
El primer síntoma de corrupción quedó en evidencia
al momento de fijar el monto en que la empresa sería ofrecida a la venta:
mientras que el sindicato la valuó en 5000 millones de dólares, la flamante
interventora lo hizo en sólo 1000 millones.
La deuda de ENTEL que asumiría a
su cargo el Estado argentino superaba los ingresos que recibiría por su venta,
de modo que no habría remanente alguno (entonces, ¿cuál era el negocio?).
La
resistencia más fuerte y más tenaz a la entrega de ENTEL fue cumplida por la
Federación de Obreros y Empleados Telefónicos de la República Argentina
(FOETRA), que enfrentó tenazmente al gobierno. Ante el intransigente plan de
lucha de los trabajadores, Menem suspendió la personería jurídica del sindicato
(lo cual implicaba un duro golpe a las finanzas de la organización, pues
afectaba la retención de aportes para afiliación), le inició juicio por la
personería gremial y dispuso la intervención militar, poniendo oficiales del
arma de comunicaciones a operar las computadoras y los equipos de ENTEL.
Finalmente, una ola de despidos masivos le permitió al gobierno garantizar a los
nuevos adquirientes de la empresa que la misma quedaría libre de activistas
sindicales.
Como en el caso de Aerolíneas Argentinas, desproteger a los
trabajadores era una condición impuesta por los oferentes y debía decretarse
antes de la transferencia.
En la entrega de ENTEL, participaron bancos
norteamericanos, empresas estatales europeas, grupos locales contratistas de
ENTEL, todos vinculados con la producción y comercialización de equipos, lo cual
desmintió el anunciado propósito de desmonopolizar y desregular el
mercado.
Cuando tuvieron la empresa en sus manos, lo primero que hicieron las
compañías licenciatarias fue aumentar las tarifas para incrementar su margen de
ganancia a costa del bolsillo de los usuarios argentinos; la rentabilidad que
comenzaron a obtener fue de 1885 millones de dólares por año.
Los contratos
establecían tantas garantías para que las empresas concesionarias aseguraran su
ganancia y, más aún, un determinado margen de ganancia, que en la práctica no
existía el más mínimo "riesgo empresario".
Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) fue valuada
por el gobierno menemista en apenas 3000 millones de dólares, cuando sólo sus
reservas de crudo eran por 15.000 millones, sin contar el valor de los
oleoductos, destilerías, estructuras de comercialización, flotas de barcos y de
aviones, etc.
La secuencia de la entrega del petróleo argentino se entronca
con los pasos seguidos para desmantelar YPF. Por ser esta empresa integrada (que
cumple todas las fases del ciclo petrolero:
producción, refinación,
comercialización y servicios), se comenzó por reducir la propiedad de sus
reservas y su participación en el volumen producido.
El 1ro. de enero de
1991, entró en vigencia la desregulación en materia petrolera; los márgenes de
ganancia comenzaron a mejorar para las destilerías privadas a expensas de los
consumidores.
La desregulación del sector petrolero eliminó las
restricciones para exportar crudo ("libre disponibilidad del crudo"), liberó los
precios y suprimió la facultad estatal de comprar toda la producción privada.
Estas medidas iniciales abrieron el camino para reducir la participación de YPF
como empresa productora, transfiriendo áreas de extracción. La privatización de
las refinerías, los ductos y la flota fueron pasos posteriores en la entrega del
petróleo argentino.
Los resultados de este proceso incluyen un sustancial
aumento de la producción (con significativa caída de la participación de YPF) y
brusco salto de las exportaciones de combustible.
Las reservas petroleras de
Argentina se establecieron en 1991 en 256 millones de m3., muy distantes de las
existentes en los países calificados de "petroleros". De proseguir a este ritmo
de explotación (30 millones de m3. al año) las reservas se agotarán en pocos
años. La mejor comparación se puede hacer con Estados Unidos, país que almacena
gran parte del petróleo que extrae de su territorio e importa la mayor cantidad
del que consume.
Las empresas privadas reclaman subsidios para la
exploración, libre disponibilidad del petróleo encontrado y despreocupación
oficial sobre el agotamiento de las reservas del país. Es decir: su único
interés es lucrar a costa del futuro de la Argentina.
La condición local de
mercado oligopólico fuertemente concentrado explica el hecho de que, en un
contexto mundial caracterizado por la tendencia declinante de los precios del
petróleo crudo (cayeron un 28,5% entre marzo del '91 y diciembre del '94) sus
principales derivados revelan, en el plano local, crecimientos del 3% al 23%
.
La privatización de la energía eléctrica, en 1992,
comprendió la extinción de la empresa Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires
(SEGBA), que abastecía a 4,5 millones de usuarios y que en 1991 facturó un
importe superior a los 1040 millones de dólares, y el desmembramiento de Agua y
Energía Eléctrica (de jurisdicción en todo el país).
La explotación privada
de la energía eléctrica combinó el abastecimiento de un mercado interno de alto
consumo con las demandas de fuerza motriz barata de las firmas industriales
exportadoras. Además, utilizaron la política tarifaria como herramienta de
control del mercado industrial.
Las empresas adquirientes, dueñas de un
mercado oligopólico, lejos de mejorar la eficiencia mediante la inversión,
apuntaron a incrementar la rentabilidad aumentando las tarifas directamente
sobre los usuarios e indirectamente subsidiando el gran consumo industrial, en
tanto que la racionalización de costos pasó exclusivamente por la reducción de
personal.
El gas natural provee aproximadamente un 50% del
consumo energético de toda la Argentina.
La empresa Gas del Estado (GDE)
facturó en 1991 más de 1820 millones de dólares, atendiendo a un mercado de 4,3
millones de usuarios; su privatización significó la entrega al sector privado de
la segunda fuente energética local.
Después de la privatización, las
tarifas se encontraron atadas a la evolución del tipo de cambio (la
"dolarización" tarifaria es una constante para garantizar la rentabilidad de los
compradores). Por otra parte, la división de una empresa integrada como la ex -
Gas del Estado determina un abultamiento de las tarifas por aumento de los
costos de intermediación (rentabilidad de los transportistas y de los
distribuidores). Además de esto, y al igual que en el caso eléctrico, la
privatización supone alterar el precio del gas de modo de subsidiar el gran
consumo industrial a costa de un incremento tarifario en el consumo residencial
(este último se elevó muy por encima de las variaciones en el Indice de Precios
al Consumidor).
Desde la entrega de Gas del Estado, los consumidores chicos
y medianos se vieron bombardeados por una serie de incrementos tarifarios
absolutamente desproporcionados, injustificados y arbitrarios, quedando en
evidencia que la rentabilidad empresaria se alcanza por elevación de tarifas y
no por mejora en el servicio.
La acería estatal SOMISA nació en el marco de una
concepción política imperante en la década de 1940, en relación a la necesidad
de afirmar un complejo militar - industrial argentino como sustento de una
política de defensa y de desarrollo propios.
Como consecuencia de la derrota
militar en Malvinas (1982), el imperio impuso una absoluta subordinación de las
Fuerzas Armadas argentinas a la hegemonía militar norteamericana y obligó al
desmantelamiento completo de nuestro complejo militar - industrial
(Fabricaciones Militares), incluido todo tipo de avance tecnológico adquirido en
la materia (como ocurrió, por ejemplo, con el misil Cóndor II, cuyo
desmantelamiento fue impuesto desde Inglaterra a través de Estados
Unidos).
En la privatización de SOMISA, influyeron diferentes factores: 1) se
trataba de una de las empresas estatales con cuya venta teóricamente se
incrementaría la capacidad de pago al exterior; 2) constituía una de las
empresas más importantes del área de defensa, terreno sometido a la
fiscalización directa por parte de Estados Unidos a partir del conflicto armado
entre la Argentina e Inglaterra (aliada de aquel) en 1982; 3) la presión de
empresas privadas como Techint y Acindar, con la intención de consolidar su
oligopolio privado del acero desarticulando la competencia que implicaba la
acería estatal.
A partir de junio de 1990, se adjudicó a empresas
privadas la explotación económica de rutas y autopistas que ya habían sido
construidas por el Estado argentino; su único trabajo sería poner casillas para
cobrar peaje, unas por acá y otras por allá. Las apariencias serían cubiertas
con una serie de trabajos de refacción que, obviamente, fueron financiados con
el propio cobro del peaje a los usuarios y no con una inversión real de los
astutos empresarios.
Los pliegos de la adjudicación establecían que la
percepción del peaje sólo debería comenzar cuando el concesionario finalizara
las obras mínimas estipuladas para la mejora del camino pero, ante la falta de
control, las concesionarias empezaron por la construcción de las casillas para
el cobro de peaje.
Entre enero de 1991 y agosto de 1994, la recaudación total
de los catorce concesionarios viales ascendió a la enormidad de 840 millones de
dólares, de los cuales 194 correspondieron a subsidios estatales. Por si fuera
poco, las empresas fueron beneficiadas con una amplia gama de reducciones
tributarias dispuestas en los últimos años. A pesar de esto, no cumplieron con
las normas según las cuales "toda medida impositiva que pueda implicar directa o
indirectamente reducciones de costos o aumento de los beneficios de las empresas
prestadoras de servicios públicos y/o proveedoras de bienes y servicios en
mercados no competitivos, resulten una completa transferencia de beneficios a
usuarios y consumidores".
Lo más increíble fue que las empresas privadas que
se apoderaron de los caminos argentinos tuvieron las manos sueltas para colocar
sus casillas de cobro de peaje donde más les gustara; así, el usuario no paga
por el tramo que transita, como sucede en todo el resto del mundo, sino según la
arbitraria distancia que hay entre las casillas. Su ubicación quedó a discreción
del oferente, de modo que pudiera aumentar la recaudación según sus
conveniencias.
Por Martin Cerri
----- Original Message -----
Sent: Thursday, August 11, 2005 2:31 AM
Subject: InfoMoreno Nº
114
PETRÓLEO YPF: acción de
oro
Por Mariano Ramírez*
Resumen: El
diario Uno de Mendoza publicó esta nota del Dr. Ramírez en la que reafirma
conceptos-ya expresados por G. Calleja en un artículo del Infomoreno-acerca de
la" acción de oro" como herramienta del Estado para controlar y actuar en una
empresa privatizada.
Es el caso emblemático de YPF SA,en el cual señala la falta de acción
del Estado-a través de sus directores y síndicos en la empresa-para enfrentar
las numerosas irregularidades y violaciones a las leyes que consolidaron su
apropiación por Repsol y sostienen su rentabilidad.
Esta facultad le permite al Estado, entre otras atribuciones, pedir
explicaciones si se indexan los precios y designar funcionarios que defiendan
sus intereses. La acción de oro, a la que hice referencia en una nota publicada
en este diario el 3/03/2005, tiene como único titular al Estado nacional, como
bien lo sostiene el doctor Gustavo Calleja (ex secretario de Combustibles de la
Nación) en su trabajo "Repsol, la acción de oro de YPF, España y Argentina, dos
conductas"(1) , al señalar que "en Argentina, Repsol es poseedora del 99% del
capital de YPF SA, pero el 1% restante pertenece a diversos pequeños
accionistas, dentro de los que se cuenta el Estado nacional con 1.000 acciones,
equivalentes al 0,02% del mismo. YPF SA es una sociedad anónima especial, creada
por la Ley de Privatización de YPF Nº 24.145, con una participación minoritaria
del Estado", representada a fines de 1999, por la acción de oro.
"La acción de oro es, pues, institucional e
intransferible, ya que no forma parte del activo transferible de YPF; y de
haberse cumplido con la razón de ser y su finalidad, para controlar que los
objetivos tenidos en cuenta para su privatización se cumplieran y debió
emplearse, no se hubieran producido las graves consecuencias que conocemos"
("¿Crisis energética en Argentina?", De Dicco, página 16) . En concreto, la
acción de oro (golden share) es una facultad propia del Estado, que lo faculta y
le da el derecho de controlar y accionar, en su caso, la privatización de
servicios públicos, a fin de que el adquirente cumpla con los objetivos tenidos
en cuenta por el Estado transferente, para que se lleven adelante y se respeten
los derechos acordados al pueblo de la Nación por los artículos 42, 14 bis, 27,
28 de la Constitución Nacional, sin perjuicio de los que prevén su control y
vigilancia por intermedio de la Auditoría General de la Nación y de los
organismos creados por las leyes de Defensa de la Competencia y del Consumidor
(artículos 85 y 86), sin perjuicio de las demás atribuciones acordadas al
Congreso de la Nación en su artículo 75, al Poder Ejecutivo en el Capítulo XIII,
artículo 99 y ccdtes, al Poder Judicial por vía de apelación con la reserva
establecida en el artículo75 inciso 12, y las atribuidas al jefe de Gabinete y
demás ministros en el Capítulo IV (artículo 100 y ccdtes).
El doctor Calleja
(trabajo citado) finaliza ratificando que "la acción de oro es la potestad que
han conservado algunos Estados, en ciertas sociedades privatizadas
-especialmente las petroleras y prestadoras de servicios públicos esenciales-
consistente en la participación obligatoria y aceptativa en determinadas e
importantes decisiones empresariales, y así es que la Ley 24.145 y su
modificatoria Nº 24.474 (artículo 1, apéndice 8) establecen que 'mientras el
Estado nacional conserve al menos una (1) acción de la clase A, se requerirá
ineludiblemente su voto afirmativo para: 1) decidir su fusión con otras
sociedades; 2) aceptar que YPF SA sufriera una situación de copamiento
accionario consentido u hostil que represente la posesión del 51% del capital
social; 3) transferir a terceros la totalidad de los derechos de explotación
concedidos en el marco de la Ley 17.319 de modo que ello determine el cese total
de la actividad exploratoria y de explotación de YPF SA; 4) la disolución
voluntaria de YPF SA. Para tomar las decisiones referidas en los incisos 3 y 4
se requerirá, además del voto afirmativo de las acciones clase A, la previa
aprobación por ley'".
La prueba es que, desde el inicio de
la privatización de YPF, el Estado designó un director y un síndico con sus
respectivos suplentes, siendo los síndicos propuestos por la SIGEN, pero no se
conocen casos donde los representantes del Estado hayan planteado, en las
reuniones del directorio de YPF SA o en las asambleas, discrepancias con medidas
violatorias de las leyes de la Nación, como por ejemplo con la indexación del
precio de los combustibles, según las variaciones del precio internacional,
expresamente prohibidas por las leyes de Convertibilidad y Emergencia Pública
vigentes, ni tampoco impugnación alguna a las obligaciones impuestas en los
pliegos de las correspondientes licitaciones, o sobre la prórroga de la
concesión del yacimiento Loma de la Lata, con 17 años de anticipación, o por el
uso comercial e industrial por la sociedad adquirente, Repsol, de la sigla YPF
(Yacimientos Petrolíferos Fiscales), que por cierto no puede confundirse con un
nombre comercial.
Considero que es legítimo que los organismos estatales
correspondientes se informen sobre el particular y procedan como corresponda.
Como el Estado nacional, al día de la fecha, todavía continúa siendo propietario
de la acción de oro de YPF SA, ello le permite designar en esta petrolera a
funcionarios que representan al PEN con cargos de director o síndicos, para
defenderlo. Sin embargo, las facultades especiales que le otorga al Estado
nacional la acción de oro, no han sido aplicadas por los directoresnombrados en
cada gobierno de turno entre 1999 y 2004, faltando así a su obligación pública y
profesional, de la que deberán rendir cuenta, ya que está de por medio el
patrimonio nacional. Así lo recuerda el doctor Calleja cuando en el trabajo
precitado, señala sobre el tema que "hace dos meses volvieron a cambiar los
directores (falta designar al suplente y a los síndicos). El director titular se
llama Ernesto Dardis, el síndico titular es Carlos Vidal y Javier Siñeriz el
suplente, etcétera".
Esas facultades, cuyo cumplimiento no se exigieron, le
permitían al Estado nacional nada menos que: 1) pedir explicaciones a YPF SA de
por qué se indexan los precios de los combustibles cuando se viola la Ley de
Emergencia Nacional (Ley 25.561); 2) analizar los balances y pedir rendición de
cuenta de los impuestos (35% de impuesto a las ganancias, 12% de regalías, 21%
de impuesto al valor agregado y menos del 2% de ingresos brutos, no se perciben
ingresos brutos por exportación); 3) controlar dónde y cuánto se invierte por
cada una de las cuencas sedimentarias del país, pues se está evadiendo un
porcentaje significativo de las regalías provinciales, porque tanto el Estado
nacional como las provincias desconocen cuánto es lo que se extrae, se
desperdicia y se contamina; 4) en relación a las exportaciones, exigir a las
empresas que respeten las obligaciones impuestas por las leyes (17.319 y 24.076)
ya que primero deben satisfacerse las necesidades energéticas del mercado
interno y únicamente exportar el excedente de producción; 5) revisar todos los
contratos firmados en calidad de concesiones de explotación y permisos de
exploración de yacimientos hidrocarburíferos (petróleo y gas natural), ya que la
gran mayoría son violatorios de la Ley Nº 17.319.
Concluyendo, los años transcurridos y la experiencia recogida han
demostrado que, en realidad, el fin político que se tenía en vista -y que
constituía el verdadero objetivo político-económico de la Ley 24.145 y sus
precedentes 23.696 y 23.697- de refederalizar el dominio del petróleo, y de la
Transformación y Privatización de YPF, no eran sino los instrumentos legales
previos que permitirían al PEN, mantener y manejar a su conveniencia el dominio
del petróleo existente en las áreas "probadas", mediante la entrega de todas las
existentes y en explotación, en esa época en cabeza de YPF, a empresas privadas.
Utilizaron la transformación de YPF en una sociedad anónima, regida por la Ley
de Sociedades 19.551 y la subsiguiente adjudicación a empresas privadas
transnacionales en licitaciones públicas, en violación de normas legales
expresas y en absoluto perjuicio de los derechos de dominio de las provincias
sobre importantes yacimientos, todos ellos ubicados en zonas probadas en las que
no se les dio participación alguna, las que perdieron así todos los beneficios
propios de la desregulación de la industria, incluso, por ejemplo, el de
permitirles intervenir en la fijación del precio del petróleo, no sólo en su
posterior venta como combustible sino también en su incidencia con el derecho de
regalía y otras contribuciones, además, la determinación de las "reservas" de
cada yacimiento y su importancia en las futuras concesiones, todos determinantes
de la distribución equilibrada de la colosal renta petrolera que, en definitiva,
es un factor inescindible en la política destinada al bienestar de la ciudadanía
nacional.
* Profesor Emérito, Facultad de
Derecho, Universidad de Mendoza
(1) Ver
InfoMoreno Nº 83 del 19 de enero de 2005
RECHAZO
TERMINANTEMENTE LAS MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN EL ART. 45 BIS, TER Y QUÁTER
DE LA LEY Nº 19.798 (LEY NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES) Y AL DECRETO Nº
1.653/04 POR VIOLAR LOS DERECHOS DE OPINIÓN, COMUNICACIÓN, INFORMACIÓN,
PRIVACIDAD E INTIMIDAD AL PERMITIR QUE SEAN INTERCEPTADAS Y DERIVADAS LAS
TELECOMUNICACIONES PARA SER UTILIZADAS POR LA SECRETARIA DE INTELIGENCIA DE LA
PRESIDENCIA DE LA NACIÓN ARGENTINA.
AMIGO: SIEMPRE TIENES LA OPCION DELETE-BORRAR-REMOVER SI NO QUIERES RECIBIR MI
INFORMACION. ESTO HACE AL DERECHO UNIVERSAL DE LAS PERSONAS, NO NECESITAMOS DE POLITIQUERIA
DICTATORIAL
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