Brasil : Valor y voluntad política

["nello margiotta" <nellomargiotta55 at virgilio.it>]

19 de noviembre del 2003

Amnesty Internacional, noviembre del 2003.


São Paulo.- Aunque la formulación de propuestas a largo plazo para abordar
las cuestiones de derechos humanos ha supuesto un avance de las autoridades
brasileñas, ahora que se acerca el primer aniversario de la subida al poder
del presidente Lula éste debe cumplir las expectativas de resultados
concretos, ha afirmado Irene Khan, secretaria general de Amnistía
Internacional, al terminar su visita a Brasil.
Durante esta visita, Khan se reunió con el presidente Lula para debatir,
entre otras cosas, los esfuerzos del gobierno para combatir la violencia que
hoy en día padecen los brasileños, como la introducción de leyes para
controlar la posesión de armas. La organización reconoció que estos
esfuerzos del gobierno brasileño son un importante primer paso en el control
de un comercio que ha contribuido a muchas violaciones de derechos humanos
en todo el mundo, y pidió al gobierno brasileño que fuera uno de los
patrocinadores del Tratado Internacional sobre Comercio de Armas.
Irene Khan ha añadido: "El presidente Lula nos ha asegurado que está
dispuesto a desempeñar un papel fundamental en el esfuerzo para lograr un
tratado internacional de control de armas. Apreciamos este importante
compromiso de poner fin a los homicidios y la mutilación sin sentido de más
de medio millón de personas al año en el mundo".
Sin embargo, la secretaria general de Amnistía Internacional ha advertido:
"Para que los derechos humanos se hagan realidad en Brasil no basta sólo con
compromisos internacionales, sino que serán necesarios profundos cambios en
las vidas de los más desfavorecidos económicamente, los indígenas y los
marginados de las favelas "
En visitas a las comunidades de Sapopemba (São Paulo) y Borel (Río de
Janeiro), Irene Khan habló a los familiares de víctimas de homicidios
policiales y visitó una comisaría que había sido atacada recientemente.
También se reunió con activistas de derechos humanos que, por su trabajo de
defensa de los derechos de los marginados, son tildados de "defensores de
criminales".
"Comunidades enteras desfavorecidas económicamente son discriminadas,
convertidas en objetivo de la policía y viven en constante temor. Los más
desfavorecidos se han convertido en chivos expiatorios de los problemas que
ocasiona el abandono social a largo plazo y el gran fracaso de las políticas
de seguridad pública", ha declarado Irene Khan.
Si bien reconoció que el gobierno tiene la obligación de garantizar la
seguridad de todos los brasileños, Irene Khan ha afirmado: "La actuación
policial brutal y represiva ha contribuido a que la violencia crezca
desmesuradamente, hasta el punto de que ya ni la policía está a salvo. Está
claro que la seguridad no puede seguir promoviéndose a expensas de los
derechos humanos".
"Los gobiernos estatales han estado mucho tiempo protegidos de la condena y
las sentencias judiciales internacionales en virtud del sistema federal,
pero su papel es fundamental para invertir la tendencia de violaciones y
abusos sistemáticos."
En los últimos diez meses han seguido aumentando las violaciones de derechos
humanos y los abusos a manos de funcionarios estatales. Según cifras
oficiales, en lo que va de año hasta septiembre los homicidios policiales en
São Paulo han aumentado un 31 por ciento, con 664 civiles muertos.
Igualmente, hasta septiembre los miembros de las fuerzas policiales
estatales habían matado en Río de Janeiro a 917 personas, un aumento del 36
por ciento en un año y más de tres veces la cifra de muertos registrada en
el año 2000. En muchos casos se trataba de homicidios ilegales, y muchas de
las víctimas no habían cometido ningún delito.
Amnistía Internacional ha manifestado su satisfacción por el compromiso
expresado por el gobierno de abordar la violación crónica de los derechos
económicos y sociales a través de programas sociales. "Terminar con la
exclusión económica y social, especialmente con el hambre, es un paso
fundamental para sobreponerse a las inmensas disparidades que están en el
origen de la mayoría de las violaciones de derechos humanos que se cometen
en Brasil hoy", ha afirmado Irene Khan.
"El hambre y la pobreza son una amenaza tan importante para la seguridad y
los derechos de todos los brasileños como la violencia armada y el delito
organizado."
Sin embargo, Amnistía Internacional ha instado al gobierno brasileño a que
se asegurara de que sus políticas sociales tienen un enfoque holístico de
los derechos humanos "que reconozca que no tener necesidades y no tener
miedo son aspectos inseparables de la seguridad humana".
Además, Amnistía Internacional planteó los siguientes motivos de
preocupación sobre los derechos humanos en Brasil:
· la protección de los defensores de los derechos humanos, que cada vez se
enfrentan a más amenazas, agresiones e incluso homicidios en su lucha por
los derechos de todos;
· los ataques y homicidios de activistas que luchan por los derechos sobre
la tierra y los derechos de los indígenas. Este año, más de 50 defensores de
los derechos sobre la tierra han sido víctimas de homicidio en todo el país,
muchos otros han sufrido agresiones y varios han sido detenidos por cargos
que todo el mundo cree que son de índole política.
· la tortura a manos de la policía y los funcionarios de prisiones, que se
ha convertido en un mal endémico.
En un memorándum dirigido al presidente Lula, Amnistía Internacional ha
pedido a las autoridades brasileñas que:
· pongan freno al comercio y la proliferación de armas que son la causa de
grandes abusos contra los derechos humanos.
· se aseguren de que se aplica plenamente y con carácter de urgencia el plan
nacional para la protección de los defensores de los derechos humanos y se
insta a otros gobiernos de la región a elaborar planes de este tipo.
· garanticen que las propuestas globales de reforma de la seguridad pública,
como las indicadas en el Sistema Único de Seguridad Pública (Sistema Único
de Segurança Pública), incorporan y aplican las normas de derechos humanos y
garantizan la rendición de cuentas de los funcionarios de los estados.
"Es fundamental que los gobiernos estatales y el federal no sacrifiquen
medidas sobre derechos humanos a costa de intereses políticos a corto
plazo", ha declarado Irene Khan.
"El presidente Lula dijo a AI que la aplicación de los derechos humanos no
es sólo una cuestión de recursos, sino de valor y voluntad política. Ahora
esperamos de él que demuestre esta voluntad."