Oposición indígena al Plan Puebla Panamá

["nello margiotta" <nellomargiotta55 at virgilio.it>]

1 de octubre del 2003
Bill Weinberg
Znet
Líderes de organizaciones indígenas, de campesinos y de base de todas las
naciones centroamericanas y de México se reunieron en Tegucicalpa, capital
de Honduras, en el IV Foro Mesoamericano, una serie de reuniones que tienen
el objetivo de defender la ecología del istmo -y de oponerse al Plan
Puebla-Panamá (PPP), un proyecto de mega-desarrollo de todo el istmo
impulsado agresivamente por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Pocos días antes de la apertura del Foro, tres dirigentes ecologistas
campesinos eran asesinados en Honduras - proyectando así una luz descarnada
sobre los temas discutidos en la reunión.

En el departamento sureño de La Paz, dos campesinos indios lenca que habían
tomado parte en una ocupación de tierras en disputa fueron asesinados en un
ataque realizado al amanecer presumiblemente por pistoleros contratados por
un terrateniente local. En el remoto departamento norteño de Olancho, un
dirigente campesino que se había enfrentado a la explotación ilegal de
madera en tierras comunitarias fue asesinado en su casa por un pistolero
desconocido. Una pancarta sobre el escritorio de recepción del Foro rezaba
así:

"RECUERDEN A LOS MÁRTIRES DE LA PAZ Y OLANCHO".

Fue una ironía que el Foro se realizara en una ciudad dominada por los
omnipresentes iconos de la cultura corporativa: Burger King, McDonalds,
Pizza Hut. En contraste, el letrero sobre el escenario en la Universidad
Pedagógica Nacional de Tegucicalpa, donde se realizó el Foro, mostraba un
dibujo maya tradicional de un dios del maíz.

El I Foro Mesoamericano tuvo lugar en el verano de 2001 en Tapachula,
Chiapas, después de que el BID y el presidente mexicano Fox anunciaran el
PPP, un plan que prevé proyectos hidroeléctricos, rutas comerciales de un
extremo al otro del istmo y zonas industriales. El Foro se convocó de nuevo
en el otoño del 2001 en Quetzaltenango, Guatemala; y en julio del 2002 en
Managua, Nicaragua. En la reunión de Tegucigalpa la agenda iba encabezada
por los temas sobre la explotación suicida de los recursos nacionales, su
privatización y la de sus infraestructuras - especialmente del agua. Una ley
de privatización del agua que se encuentra actualmente ante el parlamento de
Honduras daría derecho a las municipalidades locales para permitir que
contratistas privados controlen sus sistemas de agua. La segunda ciudad de
Honduras, San Pedro Sula, ya tiene un contrato semejante con una firma
italiana.

Esas iniciativas de privatización son las recetas del BID y del Banco
Mundial -pero, como han señalado representantes de todo el subcontinente
mesoamericano, están desarrollándose en una atmósfera de impunidad, en la
que el control por el público es insignificante y sus oponentes son objeto
de asesinatos.

"Otra Mesoamérica es posible"

Uno de los oradores en el Foro, el escritor mexicano Armando Batra, autor de
"Los herederos de Zapata" (un estudio de los movimientos campesinos
mexicanos posteriores a la revolución), calificó el PPP de ejemplo de
"capitalismo salvaje" y afirmó que está dividiendo a México. "Sirve a los
intereses de la parte norteña, blanca, del país, que es vecina de EE.UU. y
condena a la pobreza a la parte sur, indígena, que es vecina de Guatemala".
Pero, haciéndose eco de una consigna frecuente en el Foro, señaló que "otra
Mesoamérica es posible". Como modelo alternativo de desarrollo, llamó a
"reconstruir los lazos entre los sectores rurales y urbanos, con una
producción agrícola para el consumo interno basada en cooperativas locales".

Entre los representantes indígenas de Guatemala en el Foro hubo oponentes a
los gigantescos proyectos hidroeléctricos del Río Usumacinta, que forma la
frontera entre Guatemala y México. Juan Ixbalan de la Coordinadora Nacional
Indígena y Campesina (CONIC ) de Guatemala, calificó el proyecto respaldado
por el BID, que inundaría vastas áreas de selva tropical como de "una nueva
conquista de territorio maya".

Mientras los tecnócratas presentan las proposiciones de privatización y de
mega-desarrollo como parte de la inevitable marcha hacia la democracia y la
modernización, los fantasmas del reciente pasado de América Central volvían
a rondar por el istmo. Los dirigentes indígenas guatemaltecos están
preparando actualmente una acusación contra el antiguo dictador militar -y
actual candidato presidencial- Ríos Montt por cargos de genocidio por la
campaña de "tierra arrasada" de los años 80 contra los indios mayas. La
Asociación por la Justicia y la Reconciliación (AJR), dirigida por
indígenas, está coordinando a testigos de las masacres de los años 80 de 24
comunidades en los departamentos de Quiche, Huehuetenango, Chimaltenango y
Alta Verapaz. Neela Ghoshal, una maestra de Nueva York que recientemente
trabajó como observadora de derechos humanos para la AJR y que asistió al
Foro dijo: "Los tribunales guatemaltecos probablemente no considerarán el
caso, así que tendrán que ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Pero en realidad están empeñados [los indígenas] en la búsqueda de
justicia".

El 25 de julio, unos días después de terminado el Foro, estallaron violentos
disturbios en Ciudad de Guatemala cuando partidarios de Ríos Montt -en su
mayoría antiguos miembros de las "patrullas civiles" paramilitares- salieron
a las calles para protestar contra una decisión judicial que prohibía la
candidatura de Ríos al aplicar una ley que impedía que antiguos jefes
golpistas accedan a la presidencia. Los alborotadores erigieron barricadas y
quemaron neumáticos, atacando a transeúntes al azar, provocando la muerte
por un ataque al corazón de un reportero de la televisión. Cinco días
después de los disturbios, la Corte Constitucional de Guatemala anuló el
veredicto, permitiendo que el ex dictador continuara la campaña
presidencial.. El portavoz del Departamento de Estado, Richard Boucher se
apresuró a señalar que las relaciones de EE.UU. con Guatemala no se verían
afectadas en el caso de que Ríos Montt fuera elegido.

Otro de los oradores, Raúl Moreno de El Salvador, en representación del
grupo de desarrollo rural Sinti Techan ("Maíz para el pueblo" en Náhuatl)
condenó el Área de Libre Comercio de las Américas - ALCA y el Tratado de
Libre Comercio entre Estados Unidos y Centroamérica, (CAFTA, por sus siglas
en inglés), diciendo que esos acuerdos "modificarán el orden judicial,
subordinando la legislación laboral, las leyes ecológicas y los derechos
humanos. El PPP no es neutral -beneficia a EE.UU. y a sus gigantescas
corporaciones. El PPP no es reformable". Tampoco, señaló, es inevitable.
"Podemos resistir. Los sistemas nacionales de electricidad y de salud siguen
siendo públicos en Costa Rica, a pesar del deseo del gobierno y de la
Organización Mundial de Comercio de privatizarlos, porque el pueblo no lo
quiere".

Magda Lanuza del Centro de Estudios Internacionales de Nicaragua subrayó que
los planes para la privatización del agua están aún más avanzados en su país
que en Honduras. Varios departamentos nicaragüenses -incluyendo León,
Chinandega, Jinotega y Matagalpa- ya tienen contratos privados para sus
sistemas de agua con compañías como Suez, el gigante francés del agua (cuyos
contratos con gobiernos locales en Suráfrica han provocado críticas
internacionales debido a que se han disparado los precios privando así del
acceso al agua a numerosas comunidades pobres). Actualmente, como en
Honduras, el programa de privatización del agua va a ser impuesto en todo el
país como condición previa para un préstamo del BID. Pero Magda predice una
batalla política. "Las comunidades locales están preparadas para defender
sus recursos de agua", dice. "Comprenden que el agua es la vida".

La energía hidroeléctrica también está siendo privatizada en Nicaragua. La
compañía privada Hidrogesa ha obtenido un contrato para controlar la represa
Apanás en Jinotega y se permitió que Enron participara en la licitación en
2002, a pesar de los escándalos que la afectan. Pero después de la protesta
pública, el contrato ha sido suspendido hasta que exista una ley nacional
sobre la privatización del agua. Los indios de Matagalpa fueron reasentados
cuando el proyecto fue construido en los años 60 y se oponen ahora a su
privatización.

Los herederos de lempira luchan por la tierra

Los dos indios lenca asesinados en La Paz, Fabián González y Santos
Carrillo, participaban en una ocupación de tierras dirigida por la Central
Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC), una de las mayores uniones de
campesinos de Honduras. En el ataque en la madrugada del 19 de julio contra
su campamento, los asesinos abrieron fuego con rifles AK-47. Por una
inquietante coincidencia, el día siguiente, el 20 de julio, es el Día de
Lempira, un feriado nacional que conmemora la muerte en 1536 del guerrero
lenca que resistió al conquistador Francisco Montejo. La tierra en cuestión
había sido ocupada por primera vez en 1985, bajo una provisión de la ley de
reforma agraria de Honduras que permitía que los campesinos ocupen tierras
privadas no utilizadas y comiencen un proceso para su eventual expropiación
y la transferencia de títulos a los campesinos. Hoy en día, la ley de
reforma agraria en Honduras está prácticamente revocada.

La líder lenca Berta Cáceres subraya la ironía de que Lempira se haya
convertido en un símbolo de orgullo nacional ahora que por la modernización
se han perdido los derechos a la tierra y la cultura de los lenca. "El
contexto indígena ha sido invisible en Honduras durante demasiado tiempo",
dice. "Pero ha habido un nuevo proceso de lucha desde la campaña de 500 años
de Resistencia en 1992 y la revuelta zapatista en Chiapas en 1994. Nos
estamos organizando para defender el territorio lenca".

Cáceres es coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e
Indígenas de Honduras (COPINH), que representa a 47 comunidades en el centro
lenca de los departamentos de La Paz, Intibucá y Lempira. Fue fundado en
1993 y ha estado a la vanguardia de un renacimiento cultural y político
lenca. Después del Foro, visité la modesta oficina de COPINH en la localidad
de Intibucá.

Los lencas forman parte de los grupos indios chibchas ubicados más al norte,
cuya esfera cultural comienza al sur de la de los mayas y se extiende hacia
América del Sur. Su lenguaje sólo sobrevive en unas 45 palabras -que se
refieren casi todas a animales y plantas, como la Sierra de Puca-Opalaca,
que significa "montaña alta" en lenca. También han adoptado el náhuatl, la
lingua franca de la esfera cultura azteca-maya, para comunicarse con los
pueblos vecinos.

Desde 1993, COPINH organizó una serie de "peregrinajes indígenas", en los
que han participado unas 4.000 personas, a sitios sagrados locales asociados
con santos y vírgenes (y, anteriormente, con divinidades y dioses
ancestrales lencas) - como la Virgen de Lourdes en Ilama, departamento de
Santa Bárbara y la Virgen de Remedios en Tomala, Lempira. Cáceres dice que
esos peregrinajes "asociaron las tradiciones culturales y espirituales de
los Lenca con nuestras reivindicaciones políticas". COPINH también ha
recurrido a tácticas más militantes, como la ocupación en 1993 de fábricas
locales de madera para protestar contra la deforestación.

Las reivindicaciones del COPINH han logrado algunos resultados - como el
cambio de las fronteras municipales para otorgar control legal a las
comunidades lenca sobre sus territorios. En 1994 se creó la primera
municipalidad nueva, San Francisco Opalaca, en el departamento de
Intibucá -la única municipalidad en el país en la que toda la tierra es de
propiedad colectiva y es administrada por un consejo indígena. Seis
municipalidades nuevas más fueron creadas en los años siguientes.

Bajo la reforma agraria hondureña, algunas tierras nacionales fueron
transferidas a colectivos campesinos, que las conservaron como privadas,
pero no para ser revendidas. Bajo la ley de Modernización Agraria de
1992 -conocida como la "contra-reforma" -ahora pueden ser revendidas. La
contra-reforma también anuló las reglas para la expropiación de tierras
privadas no utilizadas para su redistribución a ocupantes campesinos.
Además, el Instituto Nacional Agrario (INA) comenzó a privatizar tierras
nacionales e incluso "ejidos", las tradicionales tierras comunales
dependientes de las municipalidades que habían sido protegidos desde la era
colonial.

Salvador Zúñiga, miembro del comité ejecutivo de COPINH menciona el cambio
de la política "populista" de los años 60, cuando se inició la reforma
agraria, a la política "neoliberal" de la actualidad, que es apoyada por
EE.UU., el Banco Mundial y el BID y lleva a un retorno a la ideología
liberal del siglo XIX de privatización de las tierras y de los recursos
públicos o colectivos. En el ínterin ocurrió la cruenta represión de los
años 80, en la que -aunque fue menos dura que en los vecinos El Salvador y
Guatemala- se produjeron los asesinatos y la "desaparición" de cientos de
dirigentes campesinos y la decapitación de las cooperativas campesinas. "La
política neoliberal de la actualidad es el fruto de la guerra de baja
intensidad de los años 80", dice Zúñiga.

Y esa guerra continúa. Los dirigentes indígenas siguen siendo el objetivo de
asesinatos. El 17 de mayo de este año fue asesinado Teodoro Martínez, un
dirigente indígena xicaque del departamento Francisco Morazán que había
estado dirigiendo una campaña contra las operaciones madereras ilegales.
Martínez había sido dirigente de otra alianza indígena, la Confederación de
Pueblos Autóctonos de Honduras (CONPAH) -cuyo fundador, Vicente Matute, fue
asesinado en 1989, el mismo año en el que apareció la organización.

Olancho, problemas en la frontera salvaje

En otro viaje al campo hondureño después del Foro, me uní a una delegación
rumbo a Olancho, organizada por el principal grupo de derechos humanos del
país, el Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos en Honduras
(COFADEH) fundado durante la represión de los años 80. Olancho, el
departamento más grande de Honduras, está habitado en gran parte por colonos
mestizos provenientes de las zonas central y sureña del país que fueron
alentados por el gobierno para que colonizaran la frontera salvaje del norte
en los años 60 y 70 del siglo pasado. Como pasa siempre, los intereses
económicos siguieron a los colonos y actualmente las montañas cubiertas de
pinos de Olancho están siendo rápidamente despojadas por los barones locales
de la madera. Por la carretera, nos cruzamos con numerosos camiones cargados
de inmensos troncos de pinos, que se dirigen al sur, hacia la Carretera
Panamericana y los mercados extranjeros. También observamos serrerías que
cortaban los grandes troncos en tablas.

En la noche del 18 de julio, Carlos Arturo Reyes, fue asesinado a tiros en
su hogar en la municipalidad de El Rosario en Olancho. Reyes había fundado
el Movimiento Ambientalista de Olancho (MAO) en 2001 y había dirigido una
Marcha por la Vida a través del país en junio de 2003, en la que 30.000
marcharon de Olancho a Tegucicalpa para exigir una ofensiva contra las
operaciones madereras ilegales. MAO utilizó marchas, reuniones comunitarias
y finalmente -en febrero de este año- bloqueos de caminos para cortar el
paso a los taladores para presionar a favor de sus pedidos de participación
comunitaria en la redacción de lo que el grupo llama un "plan racional de
explotación". Se comenta que otros veinte miembros del MAO están ahora en la
lista de los asesinos.

Otros ecologistas campesinos también han sido asesinados en Olancho durante
los últimos años. El 30 de junio, Carlos Flores de La Venta, una aldea en la
municipalidad de Gualaco, fue asesinado a tiros frente a su casa con un
AK-47. Como dirigente del Central de Patronatos de La Venta de Gualaco
(CEPAVEG) se había opuesto a que la empresa privada Energisa, contratada por
el gobierno hondureño construyera una represa hidráulica en el cercano río
Babilonia. Dos de los guardias de Energisa terminaron por ser arrestados,
pero Gilberto Flores, primo de Carlos, dice que "los autores intelectuales
siguen libres".

Gilberto, que sigue involucrado en la oposición al proyecto de la represa,
se enfrenta ahora a amenazas de muerte; un miembro de la Policía Nacional ha
sido asignado para su protección en La Venta. Gilberto informa que el 14 de
junio le apuntaron con una AK-47 desde un coche de paso, en Juticalpa,
capital del departamento de Olancho.

Gilberto subraya la necesidad de detener la deforestación de Olancho y de
luchar por mantener el control público sobre los recursos hidráulicos: "En
muchas municipalidades en Olancho no hay agua. Cavamos pozos pero no
encontramos. El departamento se está resecando. Esto ha sucedido durante los
últimos 20 años, junto con la exagerada explotación de nuestros bosques."
Cerca de 100 camiones repletos de madera salen cada día de Olancho hacia
Trujillo, el puerto caribeño del norte.

Parece que Rafael Ulloa, antiguo alcalde de Gualaco, también es un objetivo
de los asesinos. Ulloa protesta porque la apropiación del río Babilonia para
la represa hidráulica representa un cambio total de las prioridades
nacionales. "Oficialmente, el agua debe servir en primer lugar para el uso
municipal, luego para la irrigación y finalmente para la generación de
electricidad. Pero las comunidades que están río abajo perderán el acceso al
río como resultado de este proyecto".

El pequeño río Babilonia desciende desde las montañas del mismo nombre en
una serie de cascadas y termina por llegar al río Tinto Negro que desemboca
en el Caribe en el norte. La ubicación de la represa se encuentra
oficialmente dentro del Parque Nacional Sierra de Agalta y fuera del trabajo
de construcción, la montaña cubierta de bosques es ciertamente hermosa.
Desde La Venta partimos en caballos y mulas subiendo por el empinado y
enlodado sendero que es utilizado también por los trabajadores de Energisa.
El área es demasiado escarpada e inaccesible para los equipos pesados y los
trabajadores suben los tubos de plásticos a la montaña sobre sus espaldas, o
atados entre pértigas improvisadas de madera. El sendero sigue la zanja
excavada en la ladera de la montaña que desviará el río por los tubos de
plástico hacia la estación hidroeléctrica que estará más abajo, pendiente de
construcción. Arriba, la represa en sí ya está terminada, elevándose sobre
la primera catarata, pero todavía tienen que cerrar las compuertas e inundar
las tierras que han sido excavadas. Un guardia de Energisa armado con una
escopeta vigila.

Los campesinos de La Venta también nos llevan al cercano Las Delicias en la
vecina municipalidad de San Esteban -donde la policía nacional y pistoleros
privados expulsaron a unas 20 familias de 83 manzanas de tierra el 23 de
julio. Al otro lado de la cerca de alambrada de púas, vemos los restos de
casas recientemente arrasadas. Las familias, colonos del departamento de
Choluteca en el sur, llevaban más de 20 años en la zona. Ahora viven en una
atiborrada escuela de una pieza y en campamentos improvisados en terrenos
municipales adyacentes. Dicen que los tribunales decidieron a favor de la
familia de rancheros Calderón en la disputa por las tierras, a pesar del
título a la tierra de los campesinos. El caso está pendiente ante el INA,
pero las familias, que trabajaban su tierra como un colectivo campesino,
tienen pocas esperanzas de que se vaya a cambiar la decisión. Dicen que
también les robaron su escaso ganado al expulsarlos y que éste probablemente
terminó en las amplias tierras de la familia Calderón. Heribeta Aguilar, una
abuela expulsada, señala: "Vinimos aquí buscando una vida mejor - ahora todo
se acabó". Y un agricultor desalojado, Silverio Molina, agrega: "Moriremos
luchando por la tierra y el agua".

Los campesinos desalojados nos muestran una destartalada camioneta Toyota
aparcada cerca de su campamento. El lado del conductor está acribillado a
balazos -por una AK-47, antes del desalojo - según dicen, por pistoleros de
Calderón. El conductor, Cándido Cruz, perdió una pierna durante el ataque y
ahora cojea sobre muletas.

Otro luchador por el medio ambiente amenazado de muerte en Olancho es el
padre José Andrés Tamayo, un cura nacido en El Salvador que ahora dirige la
parroquia que sirve tanto a Salama como a El Rosario, donde mataron a Carlos
Reyes. También él nota una dramática disminución de la productividad en la
tierra de Olancho como resultado de la erosión y del aumento de la aridez
resultantes de la destrucción de los bosques de la región. "Hace sólo cinco
años, los campesinos de aquí sacaban 30 sacos de maíz por cada manzana",
dice. "Ahora generalmente son sólo doce".

En el camino entre Salama y El Rosario, el padre Tamayo muestra una gran
extensión de tierra montañosa y arbolada propiedad de un "cacique" local -un
barón terrateniente y jefe político apoyado por la corrupta burocracia. Dice
que de la tierra del cacique salen frecuentemente camiones llevando madera y
que las laderas de las montañas están siendo rápidamente desforestadas. Al
otro lado de la ruta, más laderas arboladas forman el muro opuesto del
valle. Ahí, dice Tamayo, están las tierras comunales de las comunidades
campesinas locales. Pero también están siendo saqueadas por los barones
madereros locales, que compran a los dirigentes campesinos con dinero en
efectivo o con alcohol. Tamayo afirma que un 80% de la madera cortada en
Honduras es talada ilegalmente.

El 2 de marzo de 2002, el diario hondureño El Heraldo informó que el ex jefe
de la agencia nacional de forestación, COHDEFOR, Marco Vinicio Arias, fue
acusado de corrupción por permitir la tala ilegal de árboles en la reserva
de la biosfera del Río Plátano, que se extiende al norte de Olancho hacia
los bosques húmedos subtropicales y tropicales de la Mosquitia.

Tamayo dice que el negocio de la madera en Olancho está en manos de seis
compañías que forman una turbia red que se superpone a la de las
narco-bandas que utilizan Olancho como paso para la cocaína destinada a
EE.UU. que circula entre los puertos clandestinos de la Costa Miskito y la
Carretera Panamericana. Los ingresos de la madera son utilizados para lavar
los beneficios del narcotráfico y ambos acaban financiando el armamento de
bandas paramilitares de estilo mafioso. Tamayo se refiere a las bandas de la
madera como "narco- madereros".

Tamayo afirma que la madera es revendida sobre todo a compañías de EE.UU.
para su exportación y que gran parte es descargada en New Orleans y en otros
puertos de EE.UU. Una vez más, el poder corporativo parece tener una
relación incestuosa con las bandas criminales y paramilitares que
aterrorizan el istmo. "Ésta es la segunda conquista de Mesoamérica", dice
Tamayo.

Nuestra delegación a Olancho terminó con un colofón ominoso. El 29 de julio
el día después de nuestro retorno a Tegucicalpa, el periódico La Prensa
publicó una foto en su primera plana de hombres enmascarados portando rifles
en un denso bosquecillo de pinos, afirmando que era un grupo de ecologistas
radicales que se estaban armando para defender los bosques de Olancho. Su
supuesto líder, el "Comandante Pepe", afirmaba que tenía 10.000 hombres a
sus órdenes. En un artículo adjunto, se mostraba al presidente hondureño
Ricardo Maduro mirando consternado las fotos de "Pepe" en el mismo
periódico. Se le citaba diciendo "Están haciendo un gran daño al país",
señalando que los presuntos eco-guerrilleros se veían como "zapatistas o
miembros de Sendero Luminoso".

También se le citó prometiendo que emprendería una ofensiva: "No voy a
permitir que exista ningún grupo armado que genere violencia. No importa de
qué lado estén, porque en este caso no hay un motivo justificado"- También
se citaba al padre Tamayo, diciendo que el misterioso Pepe y sus seguidores
eran en realidad una creación de las bandas de la madera "para desacreditar
el movimiento".