Corte Interamericana juzga a Guatemala

["Nello Margiotta" <animarg at tin.it>]

Néfer Muñoz

SAN JOSE, 17 feb (IPS) - La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
iniciará esta semana un juicio contra el Estado guatemalteco por el
asesinato en 1990 de la antropóloga Myrna Mack, y puede sentar un
significativo precedente en América Latina.

La parte acusada anunció el fin de semana que se declarará responsable ante
la CIDH, entidad autónoma de la Organización de los Estados Americanos, de
no haber hecho justicia en los plazos debidos al investigar ese asesinato,
pero aún no aclaró el alcance de esa afirmación.

Es posible que la CIDH emita un fallo esta semana.

"Lo que queremos poner en evidencia es que en Guatemala la brutalidad de la
doctrina de la seguridad nacional estuvo en su máxima expresión", dijo a IPS
la activista Helen Mack, hermana de la víctima, quien presentó la demanda en
forma conjunta con la CIDH.

La guatemalteca Myrna Mack había logrado renombre internacional por sus
estudios sobre el impacto de la guerra en comunidades indígenas mayas de su
país, y fue asesinada el 11 de septiembre de 1990, frente a su oficina, por
el sargento del ejército Noel de Jesús Beteta, quien le propinó 27
puñaladas.

La antropóloga fue una de las 200.000 víctimas del conflicto armado en
Guatemala de 1960 a 1996, en el cual el ejército y guerrillas rurales se
disputaron el control de ese país, y su caso se ha vuelto emblemático entre
los de víctimas de regímenes autoritarios latinoamericanos.

En aquellos años, cualquier investigador que realizara trabajo antropológico
o sociológico en comunidades rurales era considerado un posible agitador de
izquierdas.

El primer informe policial atribuyó la muerte de Mack a un accidente de
tránsito, y luego las autoridades eliminaron un reporte de 60 páginas,
escrito por investigadores estatales que señalaron el móvil político del
crimen y lo vinculaban con el ejército.

"En este juicio queremos probar que el Estado de Guatemala violó el derecho
a la vida y realizó operaciones clandestinas ilegales de inteligencia.
Lamentablemente ese aparato del terror todavía hoy sigue funcionando",
enfatizó Helen Mack.

Beteta fue condenado a 25 años de cárcel en 1993 por el Poder Judicial
guatemalteco, y en la actualidad está recluido en la prisión de El Boquerón.

Han sido señalados como autores intelectuales del asesinato el coronel
retirado Juan Valencia Osorio, el general Edgar Godoy y el coronel Guillermo
Oliva.

Tras años de un tortuoso proceso judicial, Valencia Osorio fue condenado en
octubre de 2002 a 30 años de prisión, y Godoy y Oliva resultaron absueltos
en primera instancia, pero ambos permanecen en prisión preventiva hasta que
se realicen procesos de apelación.

Helen Mack presentó un reclamo ante la CIDH por la lentitud con que el
Estado guatemalteco ha conducido el proceso judicial.

"El gobierno comunicó oficialmente a esa honorable Corte que el Estado de
Guatemala ha resuelto aceptar la responsabilidad internacional en el caso
Myrna Mack Chang, al haber fallado en su obligación de impartir una pronta y
debida justicia", dice textualmente un comunicado oficial enviado a IPS.

En ese texto, proveniente del ministerio de Relaciones Exteriores, se señala
que durante las audiencias de esta semana los representantes del Estado
guatemalteco explicarán los alcances de esa aceptación.

"Entre las reparaciones, se pedirá una disculpa pública del presidente de
Guatemala, la creación de dos becas para estudios de ciencias sociales, un
resarcimiento para los familiares y el pago del costo del proceso judicial",
informó Carmen Aida Ibarra, asistente de Helen Mack.

La CIDH realizará una serie de audiencias públicas desde este martes al
jueves, en las cuales comparecerán 10 testigos y seis peritos que analizaron
las pruebas.

Existe gran expectativa entre expertos en derecho internacional sobre los
alegatos que presentarán la parte acusadora y el Estado guatemalteco.

Preside la CIDH el brasileño Antonio Cançado, y los demás integrantes del
tribunal son el venezolano Alirio Abreu, el mexicano Sergio García, el barba
deño Oliver Jackman, el chileno Máximo Pacheco, el ecuatoriano Hernán
Salgado y el colombiano Carlos Vicente de Roux.

En este caso también participará el juez Arturo Martínez, nombrado por
Guatemala.

El asesinato de Myrna Mack es atribuido al guatemalteco Estado Mayor
Presidencial (EMP), considerado el mando central de los escuadrones de la
muerte que cometieron graves delitos durante el conficto.

El EMP aún existe, y entre sus tareas declaradas está la protección personal
del presidente y el vicepresidente, pero su presupuesto y el número de los
funcionarios que lo integran son mantenidos en secreto por el gobierno.

Activistas por los derechos humanos han afirmado con insistencia que el
aparato de represión del EMP todavía funciona como en la época de guerra, a
pesar de que el país se comprometió a eliminarlo al firmar la paz.

"Lamentablemente, el Estado Mayor Presidencial todavía existe, y es
alarmante que el ejército guatemalteco tenga un presupuesto creciente",
comentó a IPS Nineth Montenegro, activista humanitaria y en la actualidad
diputada de la minoritaria Alianza Nueva Nación.

El Estado guatemalteco debe cambiar sus políticas y mostrar voluntad de
cumplir los acuerdos firmados para poner fin a la guerra civil, alegó.

En el comunicado del fin de semana, la cancillería de Guatemala sostuvo que
el gobierno de ese país desea contribuir al esclarecimiento del asesinato, y
ratificar su obligación de investigar, identificar y sancionar a los
responsables.

También declaró su voluntad de garantizar las debidas medidas de reparación,
pero la parte acusadora y analistas independientes dudan de que Guatemala
vaya a asumir la responsabilidad del asesinato. ***** +Corte Interamericana
de Derechos Humanos (www.corteidh.or.cr) +Fundación Myrna Mack
(www.myrnamack.org.gt) (FIN/2003)



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Nello

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