BRASIL:Justicia actúa contra asesinos de campesinos

["Nello Margiotta" <animarg at tin.it>]

Mario Osava

RIO DE JANEIRO, 23 may (IPS) - La justicia de Brasil impuso condenas
centenarias a dos jefes policiales que comandaron una masacre de campesinos
en 1996, pero el resultado no satisface al movimiento social ni a defensores
de los derechos humanos.
El coronel Mario Pantoja y el mayor (comandante) José María Oliveira, ambos
de la Policía Militar, fueron los principales responsables de la matanza de
19 campesinos el 17 de abril de 1996 en Eldorado de Carajás, un municipio
del septentrional estado de Pará.
Pantoja, juzgado la semana pasada, fue condenado a 228 años de prisión, al
sumar 12 años por cada muerte, mientras que Oliveira, cuyo juicio finalizó
el miércoles por la noche, recibió una sentencia de 158 años y cuatro meses.
Ambos juicios fueron tramitados en Belém, capital de Pará.
La condena, en la práctica, se reduce a 30 años, que es la pena máxima en
Brasil, y como son procesados primarios pueden recurrir a instancia superior
de apelación, lo cual posterga el encarcelamiento al menos por tres años,
hasta que se dicte la sentencia definitiva, explicó a IPS Charles Trocate.
Además, si los dos condenados son efectivamente encarcelados, podrán obtener
la libertad 10 años después, disfrutando los beneficios previstos en la
legislación, acotó Trocate, coordinador del Movimiento de los Trabajadores
Rurales Sin Tierra (MST) en Pará.
Trocate añadió que, lamentablemente, los "verdaderos culpables que ordenaron
la represión a tiros de la marcha de los campesinos, el gobernador de Pará,
Almir Gabriel, y el comandante general de la Policía Militar de entonces,
coronel Fabiano Lopes, no serán juzgados".
Sin embargo, Marcelo Freitas, asistente de la fiscalía en este juicio en
representación de la Sociedad Paraense de Defensa de los Derechos Humanos,
entiende que las sentencias fueron "un resultado satisfactorio y ayudan a
poner fin a la tradición de impunidad" de la violencia contra campesinos en
Pará.
Pero Freitas y la fiscalía no aceptaron la absolución del capitán Raimundo
Lameira, juzgado junto con Pantoja, y pedirán para él un nuevo juicio.
El jurado acogió el argumento de que Lameira sólo cumplió en Eldorado de
Carajás órdenes de Pantoja, a quien acompañaba.
Freitas y la fiscalía también solicitarán el inmediato encarcelamiento de
Pantoja, con el argumento de que su condena por "homicidio calificado" y "
crimen repugnante" no permite recurrir en libertad a tribunales superiores.
En las próximas semanas, otro juicio deberá establecer la responsabilidad
que tuvieron en esta masacre de campesinos 15 suboficiales y sargentos y,
finalmente, se juzgará a 128 soldados por la misma causa.
El MST, al que pertenecían los 19 campesinos asesinados cuando participaban
en una manifestación, teme que todos esos policías y militares sean
absueltos, con el mismo argumento que benefició al capitán Lameira.
El movimiento de trabajadores rurales, conocido por su amplia organización y
por ocupar haciendas y predios públicos como forma de impulsar la reforma
agraria, se negó a participar en estos juicios por considerarlos llenos de
irregularidades por la presión del gobierno y de los hacendados locales.
El MST y otras organizaciones sociales luchan por llevar las causas por los
asesinatos de campesinos a los juzgados federales con sede en Brasilia, para
neutralizar así la influencia de los poderes locales.
En este caso de Eldorado de Carajás, el proceso fue preparado por la jueza
Eva do Amaral Coelho, quien nunca ocultó "su antipatía por el MST y su
simpatía por los policías", apuntó Trocate.
La renuncia a la causa de Amaral Coelho, debido a las protestas, no resolvió
el problema, pues el trámite de los casos fue seguido con los mismos
elementos y pruebas por el juez sustituto.
La condena de los jefes policiales seis años después de la masacre responde
a presiones internacionales, como la realizada por la Organización de las
Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos y activistas
humanitarios, y no a una disposición de la justicia por penalizar a los
culpables, opinó Trocate.
Aún así, es "positiva cualquier penalización, porque conocemos la dificultad
para condenar policías", especialmente en Pará, pese a las "pruebas claras
de que hubo una masacre", dijo a IPS James Cavallaro, coordinador del Centro
de Justicia Global, una organización no gubernamental de Río de Janeiro.
Su temor coincide con el del MST, de que difícilmente se condenará a los 143
suboficiales, sargentos y soldados que participaron en la masacre. Si un
capitán fue absuelto, con más razón serían sus subalternos.
Cavallaro precisó que no se recolectaron las pruebas luego del crimen, como
las balas disparadas y halladas en los cadáveres y el examen de residuos de
pólvora en las manos de los soldados. También desaparecieron los registros
de las armas y sus portadores en la ocasión.
Los testigos tampoco fueron oídos en forma judicialmente válida y hoy muchos
temen ser muertos en caso de prestar testimonio, lamentan el coordinador del
MST y los abogados de acusación.
De esta forma, será imposible identificar a las personas que dispararon
hasta matar a los 19 campesinos, herir a otros 69, y menos aún, los que
ejecutaron algunos a cuchillazos. Condenar todos a penas idénticas, sin
distinguir los crímenes practicados por cada uno, no sería justo, cree
Cavallaro.
Pero Freitas, el asistente de la acusación, espera obtener la condena de
todos por coautoría de los homicidios, sin distinción ya que hay "un pacto
de silencio" entre los reos. En ese caso la pena no sería inferior a cien
años

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Nello

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