da Attac




MÉXICO. LAS PRÁCTICAS SINDICALES, EN EL BANQUILLO DE LOS ACUSADOS
Las prácticas laborales en nuestro país son motivo de escándalo internacional, a
grado tal que las principales organizaciones gremiales internacionales han
decidido, en unión con similares mexicanas, iniciar una campaña mundial para
denunciar la creciente precariedad en las condiciones de trabajo y la
simulación en la contratación colectiva que priva en todas las ramas
industriales y de servicios. Existe el temor fundado de que estas viciosas
prácticas sean motivo de exportación.

HONDURAS. EL REALITY SHOW DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS MESOAMERICANAS
La ola deconversiones de hábitats de los pueblos indígenas y negros en áreas
protegidas que se suscitó en la década de los años 90, se ve en la
actualidad sometida a los designios "desarrollistas" de los organismos
internacionales y las elites feudales, los que después de haber denegado los
derechos territoriales de nuestros pueblos pasan ahora al simple negocio,
fomentando megaproyectos distantes de la esencia de la conservación que
predicaron en el pasado.

CAMPESINOS Y ECOLOGISTAS DENUNCIAN ALIANZA ENTRE MONSANTO Y GOBIERNO CHILENO
Ante el reciente anuncio del gobierno chileno acerca de un plan conjunto con
la transnacional Monsanto para extender en 20.0000 hectáreas los cultivos de
soja transgénica, se conoció hoy la primera reacción sobre el tema de
organizaciones campesinas del país.
LA GUERRA FRÍA DEL ETANOL América latina es el campo de batalla de una
"guerra fría" en torno de los biocombustibles que enfrenta a dos bandos bien
diferenciados: Brasil y EE.UU., sus principales impulsores, y Cuba y
Venezuela, sus máximos detractores. Se enfrentan a Castro y Chavez con Bush
y  Lula.
SITUACIÓN EN PUERTO RICO La vicepresidenta del Comité de Puerto Rico de la
ONU explica la situación que vive su país y pide apoyo para derrumbar el
muro de silencio sobre el colonialismo

MÉXICO. LAS PRÁCTICAS SINDICALES, EN EL BANQUILLO DE LOS ACUSADOS

Arturo Alcalde Justiniani

Las prácticas laborales en nuestro país son motivo de escándalo
internacional, a grado tal que las principales organizaciones gremiales
internacionales han decidido, en unión con similares mexicanas, iniciar una
campaña mundial para denunciar la creciente precariedad en las condiciones
de trabajo y la simulación en la contratación colectiva que priva en todas
las ramas industriales y de servicios. Existe el temor fundado de que estas
viciosas prácticas sean motivo de exportación.

El pasado martes 27 dio inicio esta campaña ante una nutrida audiencia
integrada por una diversidad poco común. Encabezó el esfuerzo la
Organización Regional Interamericana de Trabajadores (ORIT), la más
importante expresión sindical en el continente americano. Habló en su nombre
Víctor Báez, secretario general, acompañado de los dirigentes de destacadas
federaciones internacionales como Antonio Rodríguez Fritz, mexicano
representante de la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte,
con sede en Brasil.

Un amplio informe sobre los contratos de protección patronal en México y
estudios de caso, coordinado por Alfonso Bouzas Ortiz, sirvió de base para
la discusión colectiva. Se acreditó con lujo de detalles, nombres y siglas,
esta penosa institución mexicana, que puso a los asistentes con los pelos de
punta.

Cinco sectores sirvieron de referencia: el automovilístico, descrito por
José Luis Rodríguez, dirigente del sindicato de la Volkswagen, quien detalló
la impresionante red de subcontratación que los ahoga.

El caso Wal-Mart, documentado por Luis Oliver Reyes, dio a conocer la
existencia de sindicatos fantasmas que sólo aparecen el día de cobranza. Un
trabajador con el rostro cubierto dio testimonio de los abusos practicados
en estos almacenes, que por alguna razón difícil de explicar, ostenta
certificación de "empresa socialmente responsable".

La situación de los trabajadores de limpieza, francamente trágica, fue
descrita por una trabajadora también con el rostro cubierto. La denuncia se
complementó por la cruda investigación de la periodista Mara Muñoz, quien
abrió los sótanos de este submundo, hasta ahora poco documentado. A partir
del texto de contratos colectivos, entrevistas directas y búsqueda de
información en los registros empresariales, descubrió que el dirigente
sindical que más trabajadores de limpieza representa -al menos formalmente-
es ni más ni menos que el esposo de la dueña de las compañías de limpieza en
las que opera. Imagínense la indefensión de los trabajadores en este
peculiar negocio de familia.

El escenario del sector aeronáutico, especialmente el modelo precario
impuesto en las nuevas compañías denominadas "de bajo costo", fue descrito
por el capitán Mauricio Rodríguez Aguilera, quien aclaró que la degradación
en las condiciones de trabajo abarca todos los ámbitos. Correspondió a
Elizabeth Avalos, trabajadora de la maquila, exponer sus propias
dificultades.

Los contratos de protección constituyen el producto más grotesco del modelo
laboral mexicano. Se originan con el acto de simulación de la firma entre un
patrón y el líder sindical de su elección; suelen mantenerse en secreto y
tienen como finalidad esencial evitar que los trabajadores se organicen
autónomamente, decidiendo sobre sus condiciones de trabajo. El contrato es
depositado ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, que complacientemente
hace las veces de muro de contención, impidiendo la negociación colectiva
real y la posibilidad del derecho de huelga. Este tipo de contratos abarca
alrededor de 90 por ciento de los existentes en el país y obviamente lleva
consigo grandes beneficios económicos para el vendedor de la protección y
los abogados empresariales que los promueven.

La campaña internacional no sólo pretende denunciar la opacidad, la
corrupción y complicidad que permite a los empresarios mexicanos imponer al
sindicato de su conveniencia; también incluye un amplio programa de acción
en favor de la libertad y autonomía de las organizaciones sindicales.
Reivindica como base los Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT), este último aún no ratificado por México. Reivindica
también el carácter humano de los derechos laborales. Es de destacar la
actitud omisa de la OIT, por su lejanía de los problemas reales del mundo
del trabajo y su implícita complacencia con los vicios evidentes que vive
nuestro país.

La transparencia laboral se considera en esta campaña condición fundamental
para transitar a un sistema laboral sustentable, moderno y democrático. De
manera concreta, exige que los tribunales del trabajo, tanto del ámbito
federal como local, permitan el acceso público a la información en materia
de asociaciones y contratos colectivos, como sucede en el resto del mundo.
En este espacio cabe reconocer el esfuerzo realizado por la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal, con motivo de la revisión a las normas de
transparencia, para convertir a la ciudad de México en la entidad pionera en
este tema.

Se fijaron metas, plazos y responsables para dar continuidad a esta campaña
que denunciará en distintos países las complicidades que ahogan la
contratación colectiva auténtica en México. Dentro del programa se incluyó
el boicot de consumidores a las empresas que tengan contratos de protección
patronal. En el caso de las trasnacionales se llevará esta denuncia al seno
de los países de origen y al ámbito de la Organización Mundial de Comercio.
La campaña espera ampliar su convocatoria; seguramente se pisarán muchos
callos, de aquellos que han convertido en su negocio particular el tráfico
de estos elementales derechos humanos.

Hemos vivido semanas de creciente inconformidad laboral, que seguramente se
verán reflejadas el primero de mayo.

HONDURAS. EL REALITY SHOW DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS MESOAMERICANAS

Lilian Carol Rivas


La ola de conversiones de hábitats de los pueblos indígenas y negros en
áreas protegidas que se suscitó en la década de los años 90, se ve en la
actualidad sometida a los designios "desarrollistas" de los organismos
internacionales y las elites feudales, los que después de haber denegado los
derechos territoriales de nuestros pueblos pasan ahora al simple negocio,
fomentando megaproyectos distantes de la esencia de la conservación que
predicaron en el pasado.

La implementación de las obras de infraestructura incluidas en el Plan
Puebla Panamá vienen a destruir un sinnúmero de áreas protegidas, dejando al
descubierto como el llamado Corredor Biológico Mesoamericano no fue más que
un sistema de apropiación de enormes extensiones de territorios que pasan a
incluirse en las esferas de influencia de las obras de infraestructura.

Represas como la del Patuca (Honduras), Tigre (Honduras-Salvador), Boruca
(Costa Rica) y Teribe (Panamá) señalan cambios drásticos para los
ecosistemas afectando de forma directa a los pueblos Tawahka, Miskito,
Lenca, Bri Bri y Teribes, los cuales nunca han sido consultados y muchos de
ellos se han manifestado con vehemencia en contra de los proyectos sin que
se hayan tomado en cuenta las objeciones presentadas.

Por otro lado, la exploración y explotación de hidrocarburos se cierne por
toda la costa caribe del istmo, lo que dará lugar a una red de gasoductos y
oleoductos a lo largo de los humedales caribeños, la megarefinería planeada
por el Plan Puebla Panamá (PPP) se construirá posiblemente en Panamá, al
mismo tiempo que el ducto Cartagena-Panamá servirá como vehículo de
exportación de los hidrocarburos venezolanos.

El Plan Puebla Panamá está enmarcado en el modelo de globalización económica
de corte neoliberal, el que ve a la naturaleza como una simple mercancía a
la disposición del mejor postor. Esta visión contrasta con la retórica que
predicó el Corredor Biológico Mesoamericano, el cual avizoraba un proceso de
conservación fundamentalista, el que poco respetó los derechos de las
poblaciones locales denegando su participación en los procesos de diseños y
ejecuciones de planes de manejo que en muchas ocasiones refrenó nuestro
derecho a la alimentación.

Al inicio de la década de los años 90 se inició el proceso de entrega de las
recién designadas áreas protegidas a fundaciones privadas, aduciendo la
incapacidad de los estados-nación de poder garantizar un manejo efectivo de
las mismas. En el caso de Honduras, el empresario Stephan Schmidheiny
adquirió parte del archipiélago Cayos Cochinos, el que posteriormente a la
inversión del ciudadano suizo pasó a ser un área protegida, la cual se le
entregó al Instituto Smithsoniano para su manejo, institución que pretendió
crear un parque de exclusión al estilo de la Isla Barra de Colorado
(Panamá), lugar que ha sido administrado por el Smithsoniano durante casi un
siglo.

La política de expulsión de las comunidades Garífunas ubicadas dentro de la
archipiélago de Cayos Cochinos, marcó innumerables fricciones entre la
población local y el Instituto Smithsoniano, vulnerando los derechos humanos
de los Garífunas.

De forma sorprendente en 1996 el Instituto Smithsoniano introdujo en la zona
el buceo industrial, técnica ajena al sistema de buceo artesanal, situación
que degeneró en un saqueo sistemático de los crustáceos y un deplorable
ecocidio desconocido para los Garífunas hasta aquel entonces. Para el año
2000, cuando entra a administrar el archipiélago el Fondo Mundial para la
Conservación (WWF) prohíbe el buceo artesanal, dando lugar a violaciones de
los derechos humanos de los Garífunas.

La WWF con el acompañamiento de AVINA diseñó un nuevo plan de manejo para el
Archipiélago de Cayos Cochinos, el que plantea una zonificación de pesca
artesanal, situación que se presume conllevará a más violaciones de los
derechos humanos.

Existen precedentes de atentados contra pescadores y buzos perpetrados por
miembros de las Fuerzas Armadas, los que nunca fueron investigados de forma
fehaciente, sembrando la desconfianza entre los Garífunas radicados en los
Cayos Cochinos, hasta el punto que el año pasado en el mes de septiembre la
comunidad exigió la desmilitarización del Cayo Chachaute, donde existió una
presencia de un destacamento de soldados durante todo el transcurso del
2006, hasta que finalmente el Estado de Honduras retiró las tropas dada
presión ejercida para evitar que se diera algún derramamiento de sangre.

La mayor incongruencia que se ha dado en el manejo del denominado Monumento
Marino Cayos Cochinos, fue la presencia a partir del 13 de septiembre del
año pasado de un grupo de italianos que participaron en un reality show,
efectuado en el Cayo Paloma, lugar de exclusión total, donde hasta esa fecha
se evitó todo tipo de intervenciones antropogénicas, ya que el lugar es
considerado un santuario para el desove de tortugas.

Las tres semanas que duró la grabación del reality show, era casualmente el
período del desove de los quelonios, teniendo resultados catastróficos en el
ciclo de reproducción de las tortugas. Durante una década el Cayo Paloma fue
protegido hasta el punto que a la población Garífuna no se le permite
desembarcar en el lugar, aduciendo medidas de protección requeridas para la
conservación del cayo.

Lo acontecido en los Cayos Cochinos suele suceder en la mayoría de las áreas
protegidas de mesoamérica, en las que en muchas de ellas ha existido una
política de reprimir a las poblaciones locales para lograr aplicar los
planes de manejo. Ahora parecer que con la implementación del Plan Puebla
Panamá se diluyen las pretensiones de conservación, y se afinan las
estrategias de saqueos de los territorios de los pueblos indígenas y negros
quienes durante siglos hemos preservado nuestros hábitats.

Mientras tanto prosiguen los realities shows en los Cayos Cochinos con la
venia de la WWF, AVINA y la Fundación Cayos Cochinos donde grupos de
italianos, colombianos y ahora de otras nacionalidades, vienen a jugar a la
sobrevivencia. Al mismo tiempo los Garífunas de las comunidades del
archipiélago, sin cámara de televisión alguna que registren sus actividades,
luchan por su sobreviviencia económica y cultural, maniatados por planes de
manejo inconsultos y bajo la mira de los rifles de los soldados de una de
las Fuerzas Armadas, héroes de la guerra fría y maestros en el encubrimiento
y expertos en el incumplimiento de las leyes que se supone que protegen.

Dado en la Ciudad de la Ceiba a los treinta días del mes de marzo del dos
mil siete.

Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH)
http://alainet.org/active/16618?=es <http://%20alainet.org/active/16618=es>

CHILE.            CAMPESINOS Y ECOLOGISTAS DENUNCIAN ALIANZA ENTRE MONSANTO
Y GOBIERNO CHILENO


Ante el reciente anuncio del gobierno chileno acerca de un plan conjunto con
la transnacional Monsanto para extender en 20.0000 hectáreas los cultivos de
soja transgénica, se conoció hoy la primera reacción sobre el tema de
organizaciones campesinas del país. El anuncio de extender los cultivos de
soja en Chile fue efectuado por el ministro de Agricultura, Alvaro Rojas.

ANAMURI, la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas y la
Confederación Ranquil -miembros a nivel internacional de Vía Campesina y de
la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones Campesinas - manifestaron
su rechazo a esta iniciativa, en conjunto con las organizaciones ambientales
de la Alianza por la Calidad de Vida (RAPAL, OLCA y CIAL). Sus dirigentes
anunciaron que se movilizarán "para impedir que Chile se convierta en un
peón más de la Monsanto" y para que el gobierno cumpla con el deber de
proteger la salud, la producción de alimentos, el medioambiente y el
bienestar de los chilenos, especialmente de sus sectores sociales más pobres
y agredidos. Llamaron asimismo al parlamento a fiscalizar la actividad
gubernamental e impedir que el Ministerio de Agricultura se asocie con una
transnacional, según se informa hoy en un artículo firmado por Lucía
Sepúlveda Ruiz, del periódico Rebelión.


Los dirigentes máximos de estas organizaciones hicieron un llamado a los
campesinos y campesinas y ciudadanos en general, a sumarse a estas demandas
"para que gobierno y parlamento cumplan con su deber, y la presión social
impida que Monsanto sume a Chile a su larga lista de abusos". El comunicado
surge a pocos días de la primera audiencia pública que sostuvo la Comisión
de Agricultura del Senado, que preside Juan Antonio Coloma, sobre los
cultivos transgénicos. Allí la comisión escuchó al director de Monsanto
Chile, Jerry Hjelle, pero no ha convocado a las organizaciones aquí citadas
a entregar su visión sobre el tema. Asimismo, en un reciente seminario sobre
Agricultura Orgánica en América Latina realizado en la FAO, la subsecretaria
de Agricultura, Cecilia Leiva sostuvo que en Chile deben coexistir la
agricultura orgánica, la convencional y la transgénica. La intervención de
la subsecretaria causó estupor en buena parte de la audiencia, integrada por
agricultores orgánicos, que están informados de los resultados nefastos de
esta coexistencia en diversos países, donde se ha producido contaminación de
maíz transgénico -entre otros- a pesar de las supuestas medidas de seguridad
establecidas. Cecilia Leiva agregó que el Ministerio de Agricultura recién
iniciará una discusión sobre el tema de los transgénicos, no existiendo
hasta ahora una política definida acerca de estos cultivos impulsados por la
Monsanto. El SAG, la institución que da las autorizaciones para estos
cultivos se ha negado a informar a la sociedad civil sobre la ubicación de
los cultivos transgénicos en Chile, se desconoce quién o quiénes son los
funcionarios que los autorizan.

ANAMURI y las organizaciones que firman el comunicado afirman que la falta
de transparencia puede dar pie para que Monsanto, en cooperación con el
Ministerio de Agricultura cree programas "reservados" (secretos) para
enrolar agricultores en la producción de transgénicos, ya sea a través del
ofrecimiento de créditos o alguna otra forma de presión.

Monsanto es la mayor productora global de semillas transgénicas y una de las
más grandes productoras de plaguicidas. Creó y comercializa semillas
estériles "Terminador", que obligan a los agricultores a comprar semilla año
tras año. En Brasil y Paraguay ha introducido los cultivos transgénicos de
contrabando, para forzar la promulgación de una legislación favorable. En el
Cono Sur, la producción de soya transgénica ha significado la desaparición
de miles de familias campesinas, el abandono del campo, la pérdida de la
tierra y la intoxicación de miles de personas, hasta la muerte de niños y
adultos.

Las organizaciones cuestionaron la capacidad del Estado chileno para
resguardar la salud de la población, ya que aunque aquí la ley prohíbe los
alimentos transgénicos, las grandes empresas alimenticias han introducido
alimentos y materias primas transgénicas, por lo cual los chilenos
consumimos estos alimentos modificados genéticamente sin saberlo y sin poder
optar por otras alternativas. Recordaron que una decisión judicial del 2002
aplicó la ley y ordenó retirar del comercio todo alimento con contenido
transgénico, sin embargo la SOFOFA indicó que eso era imposible, ya que
habría que retirar cerca del 75% de los alimentos envasados y el gobierno
por su parte, emitió un decreto, permitiendo oficialmente la contaminación
transgénica de nuestra alimentación. Incluso en el 2003, denuncian, se
levantó la prohibición de incluir materiales transgénicos en los alimentos
para niños.

LA GUERRA FRÍA DEL ETANOL Enfrentan a Castro y Chavez con Bush y Lula

Fernando Muñoz, desde Bogotá, Colombia

América latina es el campo de batalla de una "guerra fría" en torno de los
biocombustibles que enfrenta a dos bandos bien diferenciados: Brasil y
combustibles y apoyó así la posición de su principal aliado, el mandatario
venezolano, Hugo Chávez.



La posición del eje La Habana Caracas es, como en la mayoría de los temas, la
opuesta a la del presidente de Estados Unidos, George W. Bush, quien, pese a
provenir de una familia petrolera, se ha convertido en un paladín del
desarrollo de los biocombustibles junto a su colega brasileño, Luiz Inácio
Lula da Silva. Entre Estados Unidos y Brasil producen el 70 por ciento del
etanol del mundo, mientras que Venezuela es el quinto productor mundial de
petróleo.EE.UU., sus principales impulsores, y Cuba y Venezuela, sus máximos
detractores. En un editorial publicado en el diario oficial Granma con el
título de "La internacionalización del genocidio", el líder cubano, Fidel
Castro, reiteró sus críticas al uso de tierras cultivables para producir

"Este colosal derroche de cereales para producir combustible, sin incluir
las semillas oleaginosas, sólo servirá para ahorrarles a los países ricos
menos del 15 por ciento del consumo anual de sus voraces automóviles",
escribió Castro. El asesor especial para Asuntos Internacionales del
presidente brasileño, Marco Aurelio García, vio en esa frase "cierta
incomprensión" de parte de Castro respecto de los biocombustibles. "El
problema del mundo es la falta de renta, no de alimentos", y en el caso de
Brasil, la producción de biocombustibles no reducirá las áreas sembradas
para la alimentación ni significará derrumbar un árbol de la selva
amazónica", aseguró García.

Hace una semana Castro había escrito también en Granma que la "idea
siniestra" de Estados Unidos de desarrollar el etanol, combustible producido
principalmente a partir de la caña de azúcar o el maíz, condena "a muerte
prematura por hambre y sed a más de 3000 millones de personas en el mundo".
Por las mismas fechas, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva,
que visitó EE.UU., acordó con Bush una alianza para producir
biocombustibles, mediante proyectos piloto en Haití, República Dominicana,
El Salvador y Saint Kitts y Nevis.

Al igual que Castro, Lula escribió un artículo en un diario, The Washington
Post, sobre los biocombustibles. El "etanol no amenaza al medioambiente" y
tampoco es una amenaza a la producción de alimentos, afirmó. Además, su
asesor para asuntos internacionales recordó que Venezuela "estaba interesada
también en la producción de etanol y otros biocombustibles", al punto de que
está sustituyendo parte del plomo de la gasolina por etanol. Incluso, la
empresa estatal venezolana PDVSA firmó en febrero del 2005 un acuerdo con la
brasileña Petrobras por el que ésta le iba a vender etanol y se establecía
una cooperación tecnológica para insertar ese combustible en la matriz
energética venezolana.

Sin embargo, durante la gira paralela a la que Bush hizo por Latinoamérica
en marzo pasado, Chávez rechazó el etanol y pidió a "todos los países
hermanos", entre los que citó a Brasil, que las tierras que se usan para
sembrar caña de azúcar y maíz para elaborar ese combustible se destinen a
"producir alimentos para la gente".


Al rechazo de Castro y Chávez al etanol también se ha sumado el presidente
de Nicaragua, Daniel Ortega, que recientemente acusó a Bush de encarecer los
precios de algunos alimentos y de algunos de los insumos para la producción
del etanol. En Centroamérica, donde la caña de azúcar es uno de los
principales productos agrícolas, la mayor parte de los países tiene
proyectos incipientes de producción de etanol.

SITUACIÓN EN PUERTO RICO

La vicepresidenta del Comité de Puerto Rico en la Organización de las
Naciones Unidas (ONU), Wilma Reverón Collazo, pidió este miércoles apoyo
internacional para derrumbar el muro de silencio que existe sobre la
situación de colonialismo que vive ese pueblo.

La delegada puertorriqueña ofreció detalles sobre dicha situación durante el
desarrollo del XIV Congreso de la Federación Democrática Internacional de
Mujeres (FDIM) que realiza en Caracas del 9 al 16 de abril.

«Pedimos que nos ayuden a derrumbar el muro de silencio que existe alrededor
de Puerto Rico, porque nuestros hermanos latinoamericanos no reciben
noticias nuestras y piensan que allí se encuentra un pueblo que no está
luchando por su independencia, y desconocen que nuestro pueblo, durante 109
años, nunca ha dejado de luchar», aseguró Wilma Reverón.

Asimismo, refirió que dicho país ha sufrido por parte de Estados Unidos
(EEUU) «una de las represiones más cruentas y sofisticadas, donde ha habido
asesinatos políticos, desapariciones, encarcelamiento y acusaciones falsas
contra el pueblo y líderes nacionalistas, comunistas e independentistas».

Indicó que el Comité de Puerto Rico en la ONU solicitará a los presidentes y
presidentas latinoamericanos que incluyan en sus discursos ante la plenaria
de dicho organismo multilateral el tema de la descolonización de Puerto
Rico.

Wilma Reverón recordó que Estados Unidos ocupó a Puerto Rico en 1898 y
estableció un gobierno militar hasta 1917. «Luego, hasta 1947, los
gobernadores y los ministros de dicho país fueron nombrados por el
Presidente estadounidense. En 1947, tuvimos el primer gobernador
puertorriqueño, pero designado por Estados Unidos», comentó.
Argenpress (14.04.07)