Luz Perly Córdoba Mosquera, Juan de Jesús Gutiérrez Ardila y Apolinar Herrera



Señores

Álvaro Uribe Vélez
Presidente de la República de Colombia

Francisco Santos
Vicepresidente

Luis Camilo Osorio
Fiscal General de la Nación

Edgardo Maya Villazón
Procurador General

Wolmar Pérez
Defensor del Pueblo

Sabas Pretelt de La Vega
Ministro de Interior y Justicia

Hemos conocido de las gravísimas violaciones que la Fiscalía General de la Nación, en cabeza de un fiscal de la unidad de terrorismo, viene cometiendo en el caso de los dirigentes campesinos de Arauca Luz Perly Córdoba Mosquera, Juan de Jesús Gutiérrez Ardila y Apolinar Herrera.

Esta deplorable y lamentable situación ha obligado a que Luz Perly Córdoba renuncie a su derecho constitucional y universal de la defensa técnica en la etapa de la instrucción, por falta de garantías procesales, por violación a sus derechos fundamentales y parcialidad política del ente investigador.

De igual manera, la actividad desarrollada por la defensa ha logrado establecer que dentro del proceso-montaje organizado por algunos funcionarios del DAS de Arauca, dentro de una aberrante persecución política contra estos dirigentes campesinos y su organización, se han cometido todo tipo de atropellos y desmanes, contando con la venia del fiscal de la Unidad de Terrorismo que conoce del caso. Tal situación ha sido ampliamente demostrada en el proceso e inclusive advertida por el agente del Ministerio Público asignado. Pese a ello el fiscal ha continuado delegando en los cuestionados funcionarios del DAS las labores de investigación en relación con el proceso.

Las garantías judiciales en un país como Colombia que se pregona como un Estado Social de Derecho, constituyen parte esencial del objetivo de respeto por la dignidad humana. Casos como el de Luz Perly Cordoba Mosquera y los dirigentes de la Asociación Campesina de Arauca, constituyen, sin lugar a dudas, un flagrante atropello y violación a los derechos de estos ciudadanos y en una clara persecución política, máxime en su condición de defensores de los derechos humanos, lo cual contradice enormemente los postulados del actual gobierno, cuando se ha comprometido con la comunidad internacional y nacional a garantizar como parte de su "seguridad democrática", el respeto a los derechos humanos de todos los colombianos. 

Por lo anterior, le solicitamos respetuosamente: 

1º Retirar de manera inmediata del proceso investigativo a los funcionarios del DAS comprometidos en tan deplorables procederes. 

2º Exigir del fiscal de la unidad antiterrorismo que conoce del proceso, la iniciación de las investigaciones correspondientes a los funcionarios comprometidos en los desmanes cometidos y que se han evidenciado en el proceso. 

3º Terminar la cadena de atropellos judiciales y políticos contra los dirigentes de la Asociación Campesina de Arauca, restableciéndoles su libertad y garantías como ciudadanos colombianos. 

Atentamente, 

Campaña Europea Campaña Otra Colombia es Posible 

en Paz y con Justicia Social



		
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