Cile: Conflicto interétnico: responsabilidad de todos



José Aylwin


En los últimos días hemos sido testigos de la agudización del conflicto
entre los mapuche, la sociedad y el Estado chileno. La muerte de Edmundo
Lemun, joven mapuche de Ercilla, en un enfrentamiento con Carabineros, fue
seguida de una serie de hechos de violencia, incluyendo el ataque a predios
particulares, la quema de una retroexcavadora en el vertedero de Boyeco, el
apedreamiento a locales comerciales en Temuco - aparentemente en venganza de
la muerte de Lemun - y la detención de 25 personas, en su mayoría mapuche
que participaban en una marcha no autorizada convocada por las
organizaciones indígenas.


La violencia en el marco de este conflicto interétnico no es un fenómeno
nuevo. Ella ha estado presente en historia de la Araucanía desde su
creación. Lo nuevo, sin embargo, al menos en las últimas dos décadas, es que
el conflicto cobra una victima fatal, el joven Lemun, quien - de acuerdo a
las investigaciones realizadas a la fecha- falleció como consecuencia de un
impacto de bala de Carabineros.


Para los mapuche Edmundo Lemun es el primer mártir del conflicto con las
empresas forestales. Así lo señalaron sus dirigentes en su entierro. En la
misma oportunidad exigieron el esclarecimiento de los hechos y la sanción de
los responsables. Importante además, señalaron que no querían que sus
adversarios corrieran la misma suerte. Advirtieron, sin embargo, que frente
a futuras represiones de la fuerza publica ejercerían el derecho de
autodefensa.


Desde la sociedad chilena se han alzado múltiples voces responsabilizando a
los mapuche por los hechos ocurridos, hechos que - a juicio de diferentes
sectores - serian consecuencia de la estrategia de violencia de algunos
sectores del movimiento indígena. Autoridades de gobierno han señalado que
la violencia a nada conduce, pidiendo la investigación de la muerte de
Lemun, así como la aplicación de la ley antiterrorista para garantizar el
estado de derecho. Parlamentarios de oposición han denunciado el rol que en
estos hechos estarían jugando sitios web mapuche, los que estarían
vinculadas a grupos como las FARC y otros haciendo "instrucción de
guerrilla." En la ciudadanía no indígena se percibe un rechazo creciente a
los mapuche, los que son progresivamente temidos y demonizados por sus
acciones. Así por ejemplo, vecinos de Padre Las Casas piden el cierre del
hogar mapuche allí existente.


Los medios de comunicación difunden tales planteamientos y percepciones,
dejando poco espacio para la opinión de los mapuche. Tampoco han realizado
hasta ahora una reflexión mas profunda del contexto que gatilla estos
hechos. Poco se dice acerca de la responsabilidad que como chilenos tenemos
en lo que esta ocurriendo. Tampoco se habla del proceso de arrinconamiento y
despojo del que los mapuche han sido victimas por tanto tiempo, proceso que
con la expansión de las inversiones forestales, hidroeléctricas, carreteras
al sur del Bio Bio, esta siendo hoy revivido por sus comunidades.


Nada se ha señalado sobre la negativa - ya por mas de una década - de
algunos sectores políticos a dar reconocimiento constitucional a los pueblos
indígenas y a sus culturas, y a ratificar el Convenio 169 de la OIT,
Convenio que precisamente contiene normas que regulan los derechos indígenas
sobre tierras y recursos naturales hoy en conflicto con comunidades mapuche
y permite a los indígenas mayor decisión sobre sus vidas. En fin, poco se
señala respecto a las limitaciones de la política publica en la materia, del
agotamiento de CONADI como espacio de dialogo y de busca de solución a este
conflicto.


Sin duda estamos viviendo un momento crítico de la relación pueblo
mapuche-sociedad chilena. Resulta evidente que, si desde la sociedad chilena
no hacemos un esfuerzo mayor por entender las causas que generan estos
hechos, por escuchar a los descendientes de los primeros habitantes de este
país, si respondemos a sus demandas anteponiendo nuestro estado de derecho y
nuestros valores - como lo hemos hecho hasta ahora -, lo mas probable es que
el conflicto se agudice y cobre mas vidas, mas propiedades, cause mas dolor
a todos los que compartimos este espacio territorial.


Llama la atención que mientras nuestro país asume un liderazgo en la región
en materia económica, comunicacional, educacional - por mencionar algunos
ámbitos - nos encontremos hoy tan a la zaga de otros países de la región y
del mundo en el abordaje de la relación con los pueblos indígenas, en la
creación de mecanismos de dialogo para la resolución de los conflictos
interétnicos, en el reconocimiento de los derechos culturales, políticos y
territoriales que hoy reclaman los pueblos indígenas.


Países como Bolivia, Brasil, Colombia y Panamá, en la región, y Nueva
Zelanda y Canadá, fuera de ella, nos muestran de que es posible avanzar en
el establecimiento de estados multiculturales, basados en la participación y
no en la exclusión, y en el reconocimiento de espacios territoriales - los
que incluyen no solo la tierra sino también los recursos naturales- en los
que los indígenas puedan no solo sobrevivir, sino desarrollarse
materialmente y culturalmente como pueblos.


Tal como señalara en otro contexto - Canadá - un ministro de la Corte
Suprema de ese país en un fallo histórico dictado por esta instancia
judicial en 1997 reconociendo a los pueblos indígenas el título originario
sobre sus tierras y recursos hasta ahora no cedidos por tratados:
"enfrentémoslo: estamos todos acá para quedarnos".


Si aceptamos la validez de esta última afirmación en el caso nuestro,
entonces como no aprender de hechos tan dolorosos como la muerte de Edmundo
Lemun? Como no vamos a ser capaces de determinar la verdad de lo ocurrido y
sancionar a los responsables, cualquiera sea su investidura? Como no ser
capaces de sentarnos a la mesa y escucharnos, y entendernos, poniendo fin a
la relación subordinada del pasado, dando paso a una convivencia basada en
el respeto mutuo que nos merecemos como pueblos y culturas diferenciadas?


Sino lo hacemos, no aleguemos mas tarde por las consecuencias que ello pueda
tener.


Temuco, Noviembre 2002


* José Aylwin, Coordinador Programa de Derechos Indígenas, Instituto de
Estudios Indígenas Universidad de La Frontera

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